La Agencia Nacional de Tierras (ANT) revocó la posesión de la finca ubicada en Buenavista, Córdoba, tras descubrir que el predio entregado como parte de la reforma agraria, había sido arrendado ilegalmente para actividades ganaderas.
El 3 de octubre de 2024, Gustavo Petro presidió en el coliseo Miguel ‘Happy’ Lora un evento que el Gobierno Nacional denominó ‘histórico’. Ese día, en Montería, Córdoba, se hizo oficial la entrega de la finca «La Carcajada», un predio de 3.000 hectáreas destinado a ‘impulsar’ la reforma agraria.
Esta acción del Ejecutivo, que fue catalogada como el inicio de una real redistribución de tierras a los campesinos y comunidades vulnerables, pronto se convirtió en un problema para los habitantes de la región, organizaciones sociales y veedurías ciudadanas.
La finca La Carcajada, fue entregada a la asociación Buenavista sin Hambre, en cabeza de Juan Carlos Morales. Tan solo meses después de su cesión, surgieron denuncias sobre irregularidades en el manejo del predio.
Esta versión fue confirmada por el gerente de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman Ortiz, quien informó que durante una inspección reciente se descubrió que el predio estaba siendo utilizado de forma indebida, afectando a los campesinos beneficiarios.
«Estuvimos haciendo la inspección y encontramos más de 700 cabezas de ganado en el predio. Nunca se presentó un contrato de arrendamiento a la Agencia Nacional de Tierras, ni un informe a los asociados que hacen parte de esta entrega del predio», explicó Harman.
El funcionario precisó en ese sentido, que Juan Carlos Morales, líder de la asociación Buenavista sin Hambre y quien ostentaba la administración del terreno, había arrendado ilegalmente la finca para actividades ganaderas.
Igualmente, señaló que el ‘administrador’ no permitía a los beneficiarios cultivar sus parcelas y que mediante actos violentos mantenía el control absoluto de las 3.000 hectáreas de tierra.
Este caso ha generado indignación entre las comunidades campesinas de la región y ha dejado al descubierto la poca efectividad de los filtros y estudios de antecedentes de quienes se presentan a los programas estatales.
Finalmente, desde la ANT confirmaron que, ante las conductas desplegadas por Juan Carlos Morales, el predio fue recuperado y será reasignado a dos nuevas asociaciones campesinas que cumplan con los requisitos legales.
«Este caso es emblemático porque muestra cómo algunos actores abusan del sistema diseñado para beneficiar a las comunidades más vulnerables. No vamos a permitir que esto siga ocurriendo», puntualizó Felipe Harman.
