El Ministerio Público de Guatemala emitió órdenes de captura contra el embajador de Colombia en el Vaticano y la fiscal general colombiana, acusándolos de integrar una red criminal que habría favorecido a Odebrecht y causado millonarias pérdidas al Estado. Se solicitó alerta roja a Interpol.
La justicia de Guatemala emitió órdenes de captura contra Iván Velásquez Gómez, exministro de Defensa de Colombia y exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación de Colombia.
Según detalló el Ministerio Público de Guatemala, ambos son señalados de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en relación con el escándalo Odebrecht, un caso que ha sacudido a varios países de América Latina por su magnitud y alcance.
Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), explicó que Velásquez encabezaba una “estructura criminal” que favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht, provocando pérdidas al Estado guatemalteco por más de 3.000 millones de quetzales.
“Se ha ordenado judicialmente la difusión de alerta a Interpol para que dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país”, declaró Curruchiche a través de los canales oficiales del MP.
La noticia forma parte de una ofensiva judicial más amplia, que también incluye órdenes de captura contra figuras clave del pasado sistema judicial guatemalteco, como Telma Aldana, exfiscal general, y Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci. El anuncio llega apenas horas después de que la Fiscalía guatemalteca comunicara estas decisiones, subrayando su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Iván Velásquez, quien lideró la Cicig entre 2014 y 2019, jugó un papel central en investigaciones anticorrupción que impactaron profundamente al sistema político guatemalteco. Ahora, las autoridades lo acusan de haber favorecido los intereses de Odebrecht, la gigante constructora brasileña envuelta en sobornos y fraudes a escala continental. Las investigaciones sugieren que esta red habría operado desde dentro de las instituciones judiciales para beneficiar ilegalmente a la empresa, comprometiendo millonarios fondos públicos.
La Fiscalía guatemalteca solicitó apoyo internacional para ubicar y detener a los implicados, marcando un nuevo capítulo en el largo y complejo caso Odebrecht en América Latina.
