Los empresarios, temerosos de que se concreten las amenazas de atentar contra la integridad de cada uno de ellos si no ceden a las presiones económicas, han decidido suspender las actividades productivas hasta que las autoridades se pongan al frente de la situación.
Mientras las instituciones del gobierno Petro se congracian con campesinos financiando movilizaciones y organizado grupos para defensa de la reforma agraria; a pesar de las críticas que ha recibido esta iniciativa desde distintos sectores políticos y de la opinión pública; los ganaderos tienen que hacerle frente al ataque incesante de los grupos armados ilegales, que parecen tener inmunidad para delinquir por cuenta del proyecto de ‘paz total’.
A través de un boletín de prensa, varios empresarios del campo antioqueño alertaron sobre la difícil situación que están viviendo por cuenta del recrudecimiento de la extorsión en los municipios donde tienen sus predios, dedicados a la ganadería y la agroindustria.
“Las haciendas La Unión y La India ubicadas en Puerto Nare, Antioquia, se permiten hacer una denuncia pública, informar a la ciudadanía del municipio y a la opinión de una serie de acciones por parte de grupos armados no identificados que nos han venido afectando en las últimas semanas”, denuncian los empresarios en el comunicado.
Más adelante, los afectados detallan el modus operandi de los delincuentes que hacen presencia en sus terrenos, buscando, a través del miedo que infunden las armas, sacar provecho económico, sin que ninguna autoridad del Estado pueda intervenir para ponerle fin a estas acciones que atentan contra el patrimonio de los empresarios.
“En dos oportunidades durante el último mes, hemos recibido visitas a las casas de las fincas por parte de hombres armados movilizados en camionetas de alta gama quienes luego de intimidar a los encargados, solicitan reunirse con los propietarios de las fincas con el fin de cobrar una supuesta deuda, amenazando en caso de no cumplir sus exigencias, con atacar el hato y las instalaciones de la finca, amenaza que hicieron extensiva al arrendatario de la misma”, precisaron los afectados por este accionar delictivo.
Ha sido tal el nivel de violencia expuesto por las personas que se presentan en las haciendas, que los empresarios tomaron la decisión de ponerle freno a las actividades productivas, afectando a los trabajadores directos e indirectos que se benefician de estas labores.
“Nuestra principal preocupación es el bienestar y seguridad de todas las personas que derivan su sustento de las fincas, por lo que para proteger su integridad hemos tomado la decisión de detener la comercialización ganadera en las fincas y poner en conocimiento de las autoridades locales y nacionales el caso para que surta el trámite policial y judicial respectivo, sin embargo estamos convencidos que este no es un fenómeno violento aislado sino la consecuencia del debilitamiento del estado el cual se viene agravando durante los últimos meses, mostrando su incapacidad para proteger el campo colombiano de los violentos”, informaron.
Finalmente, rechazan las versiones según las cuales estas actividades ilegales tendrían algún tipo de sustento, además, advierten sobre el escalamiento de la extorsión y la deserción de los empresarios de esas zonas si no se le brinda a tiempo la atención que este caso amerita.
“La familia Escobar ha sido propietaria de las fincas por casi 60 años, ejerciendo la actividad ganadera, generando empleo y progreso a la región, sus miembros son personas de reconocida honorabilidad por lo que rechazamos tanto las amenazas como las falsas justificaciones recibidas, estando seguros que las mismas tienen una motivación económica y que este fenómeno, si no se detiene, se propagará por toda la región afectando a los demás empresarios sin importar si son pequeños o grandes”, puntualiza la nota.
