En lo corrido de 2026 ya han caído cinco estructuras. Gremios del transporte advierten una crisis económica y social sin precedentes y exigen intervención urgente del Gobierno.
Una coalición de los principales gremios del transporte en Colombia lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional ante lo que califican como una emergencia vial por el colapso sistemático de puentes en distintas regiones del país.
Según el informe presentado, en los últimos 12 años se han registrado 29 afectaciones graves o caídas de estructuras a nivel nacional.
El dato que más inquieta al sector es la aceleración del deterioro en los últimos años. De los 29 casos documentados, 18 —es decir, el 62%— ocurrieron entre 2023 y febrero de 2026.
Además, solo en los primeros dos meses de 2026 ya se reportan cinco puentes colapsados, en medio de la actual ola invernal, lo que evidencia, según los transportadores, la fragilidad de la infraestructura y la falta de mantenimiento preventivo.
El informe señala que el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) concentra la mayor responsabilidad sobre las estructuras afectadas, con 13 de los 29 casos. Le siguen la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con nueve puentes; las administraciones departamentales, con seis; y el Ejército Nacional, con uno. Para los gremios, estas cifras reflejan fallas estructurales en la gestión, supervisión y respuesta ante emergencias.
La situación es especialmente crítica en regiones como el Urabá antioqueño, Córdoba y Magdalena, donde los colapsos han interrumpido corredores estratégicos para el transporte de carga.
En la vía Necoclí – Arboletes, por ejemplo, los transportadores denuncian que una comisión de INVIAS tardó 22 días en llegar tras el reporte del daño, y que aún no se ha restablecido el paso en las cinco emergencias registradas este año.
Los gremios advierten que la prolongación de estas fallas genera una crisis económica y social de gran magnitud que afecta directamente a empresas transportadoras, conductores y cientos de familias cuyo sustento depende de la actividad.
En ese sentido, insisten en la necesidad de una intervención técnica y logística inmediata, con cronogramas claros para restablecer la movilidad, así como medidas que mitiguen las pérdidas económicas en las comunidades afectadas.
También cuestionan la dependencia de soluciones transitorias como los puentes militares, que en algunos casos terminan operando de forma permanente, como ocurre en la vía Cúcuta – Pamplona desde 2023.
