Un borrador de decreto de Colombia Compra Eficiente genera preocupación en el sector de la infraestructura por posibles distorsiones a la libre competencia, impactos negativos en el empleo y el riesgo de mercantilizar a las personas con discapacidad, según advierten líderes gremiales y la Superintendencia de Industria y Comercio.
El sector de la infraestructura en Colombia encendió las alarmas frente a un borrador de decreto preparado por Colombia Compra Eficiente que modificaría los criterios de asignación de puntaje en la contratación pública. De acuerdo con voceros del gremio, la iniciativa, aunque presentada bajo un enfoque de inclusión, podría generar efectos contrarios a los buscados.
Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, recordó que históricamente el sector ha sido incluyente “no por decreto, sino por convicción y mérito”, abriendo oportunidades laborales a talento de todas las regiones, poblaciones vulnerables, minorías y personas en condición de discapacidad.
En ese contexto, expresó sorpresa por una propuesta normativa que, a su juicio, distorsiona el mercado y presiona negativamente el empleo.
El borrador plantea otorgar mayor puntaje en los procesos de contratación estatal a empresas y emprendimientos pertenecientes a personas en situación de discapacidad.
Sin embargo, el gremio advierte que el texto no prioriza criterios como la experiencia, el conocimiento técnico o la calidad de las propuestas, lo que podría concentrar la contratación en muy pocos actores y abrir espacios para prácticas irregulares.
Esta preocupación se suma al debate actual sobre el incremento del salario mínimo. Según Caicedo, el efecto combinado de mayores costos laborales y nuevas cargas regulatorias es conocido: menor contratación y posibles despidos.
“Las malas políticas no se corrigen entre sí, se acumulan”, señaló.
Las advertencias no provienen únicamente del sector privado. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó recientemente un documento con observaciones orientadas a evitar que el decreto afecte la libre competencia. Ignorar estas recomendaciones, advierten los expertos, podría resultar irresponsable desde el punto de vista económico e institucional.
