La Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento de al menos 46 familias y el confinamiento de otras 247 en la zona rural de Buenaventura, debido a los combates entre el ELN y disidencias de las FARC.
La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas ante la crítica situación humanitaria que se vive en el Bajo Calima, área rural del Distrito de Buenaventura, tras los recientes choques armados entre el ELN y disidencias de las FARC bajo el mando de alias Mordisco.
De acuerdo con el informe del organismo, al menos 46 familias de la comunidad La Esperanza se han visto forzadas a abandonar sus hogares, desplazándose hacia la vereda La Colonia y el casco urbano de Buenaventura. A su vez, otras 247 familias pertenecientes a cinco comunidades permanecen en estado de confinamiento, expuestas a un alto riesgo de desplazamiento forzado.
“La situación es crítica. Reiteramos que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe el desplazamiento forzado y exige a los actores armados proteger a las comunidades”, afirmó la Defensoría en un comunicado oficial.
En su llamado, la entidad exigió el cese inmediato de las hostilidades en zonas habitadas y recordó a los grupos armados la obligación de respetar los principios humanitarios, especialmente los de distinción y protección de la población civil.
La Defensoría del Pueblo aseguró que continuará con presencia institucional en la región para acompañar a las comunidades afectadas y activar los mecanismos de atención y protección para las personas desplazadas por la violencia.
