Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advirtió que gravámenes al carbono, a la energía y a sectores estratégicos pueden presionar precios, afectar a pymes y hogares, y debilitar la inversión, especialmente cuando el país importa gas y otros energéticos. La discusión dejó de ser técnica para convertirse en un debate político.
La política fiscal del Gobierno volvió a convertirse en escenario de confrontación con el sector empresarial, esta vez no por una medida puntual, sino por una diferencia de fondo sobre el modelo de Estado que puede sostener la economía colombiana. La declaración del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi), Bruce Mac Master, marcó ese punto de quiebre al cuestionar el aumento del gasto público y la ampliación de la base tributaria hacia hogares y empresas.
Mac Master sostuvo que Colombia enfrenta una presión impositiva elevada en términos comparativos y advirtió que el Presupuesto General de la Nación ha crecido más del 50 % en los últimos tres años, “financiado con mayor deuda y un déficit creciente”, sin que ello se haya traducido en equilibrio fiscal. Desde su perspectiva, el problema central ya no es de recaudo, sino de expansión del tamaño del Estado.
El dirigente gremial alertó que las nuevas propuestas tributarias no solo afectan a grandes patrimonios o sectores específicos, sino que empiezan a cubrir a la clase media urbana. “Personas con apartamentos o viviendas podrían quedar sujetas al impuesto al patrimonio por la reducción del umbral”, afirmó, al referirse al posible descenso del límite desde $3.500 millones hasta $2.000 millones.
Para el empresariado, este giro cambia la naturaleza del sistema tributario y amplía el impacto social de las reformas. La preocupación se extiende a la tributación sobre el consumo, la movilidad y la economía digital. Mac Master señaló que impuestos a motocicletas, vehículos, servicios de computación en la nube y hospedaje web, sumados al incremento del impuesto al carbono, configuran una carga transversal.
“Todas las empresas, las pymes, los comercios, los restaurantes y los hogares que consumen energía eléctrica terminarán afectados”, advirtió, sin embargo, el punto más sensible del choque aparece en el frente energético.
Según el presidente de la Andi, el aumento del impuesto al carbono, en un contexto en el que el país debe importar gas natural y otros energéticos, eleva los costos de generación y presiona los precios finales. A ello se suma la propuesta de aumentar la ganancia ocasional en la venta de bienes raíces del 15 % al 35 %, que, a juicio del gremio, desincentiva la inversión y encarece las transacciones inmobiliarias.
Finalmente, es oportuno señalar, que en el trasfondo del debate se enfrentan dos visiones: un Gobierno que busca financiar un mayor gasto social y un sector empresarial que considera agotado el margen fiscal. “Colombia no tiene condiciones para transferirle más recursos al Estado”, concluyó Mac Master, al plantear que cualquier reforma estructural debería pasar por moderar la ambición de gasto público, más que por crear nuevos tributos.
