Con este nuevo acto administrativo consolida lineamientos técnicos, administrativos y operativos en un solo instrumento, fortalece el enfoque de derechos y prioriza compras públicas locales, con el objetivo de garantizar calidad nutricional, permanencia escolar y coherencia territorial en la implementación del programa.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) entró en una nueva etapa normativa con la expedición de la Resolución 0003 del 7 de enero de 2026, mediante la cual la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender unificó y actualizó los lineamientos técnicos, administrativos y las condiciones mínimas que rigen la operación del programa en todo el país.
La resolución sustituye y deroga las normas expedidas entre 2021 y 2024, integrando en un solo cuerpo regulatorio los criterios aplicables al PAE regular, al PAE durante recesos escolares y al modelo diseñado para sedes ubicadas en zonas rurales dispersas. Con esta decisión, el Gobierno busca reducir la dispersión normativa que venía generando dificultades operativas en las Entidades Territoriales Certificadas en educación.
Uno de los ejes centrales del nuevo marco es el fortalecimiento del enfoque de derechos. El acto reconoce explícitamente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos titulares de derechos y establece que la alimentación escolar debe contribuir al desarrollo integral, a la permanencia en el sistema educativo y a la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación adecuada.
En esa misma línea, la resolución eleva los estándares de calidad del PAE al enfatizar que los complementos alimentarios deben ser seguros, pertinentes y culturalmente apropiados, además de promover hábitos saludables y un alto valor nutricional. El objetivo, según el texto normativo, es reducir el ausentismo y la deserción escolar, al tiempo que se fortalece la educación con calidad.
Otro componente relevante es la priorización de las compras públicas locales. Amparada en los recientes desarrollos constitucionales que reconocen al campesinado como sujeto de especial protección, la norma impulsa la adquisición de alimentos producidos en los territorios, articulando la política educativa con el desarrollo rural y la seguridad alimentaria.
Finalmente, la resolución refuerza el papel rector del Ministerio de Educación Nacional a través de la UApA, que deberá liderar el seguimiento y la armonización de los modelos de atención. El reto, a partir de ahora, estará en la capacidad institucional de los territorios para traducir el nuevo marco normativo en una operación eficiente, transparente y alineada con los estándares definidos para 2026.
