De acuerdo con los fundamentos que le sirven de base al Decreto 062 de 2025, los grupos ilegales que operan en la región, eventualmente, podrían volcar su accionar terrorista contras la infraestructura vial, energética y la destinada al transporte de hidrocarburos, poniendo en jaque la economía y el medio ambiente.
La violencia desatada en el Catatumbo, que a fecha de hoy deja más de 40.000 desplazados y un centenar de muertos, se viene replicando desde hace tiempo en otras zonas del país, controladas por organizaciones al margen de la ley.
Gustavo Petro y sus ministros, tomaron la decisión de declarar el Estado de Conmoción Interior, el acto administrativo tiene que superar el control automático que de este hace la Corte Constitucional, con el fin de verificar si las situaciones fácticas que le sirven de fundamento se ajustan a las exigencias de la Carta Política.
¿Qué es y cómo funciona?
Este mecanismo que tiene una duración inicial de 90 días y se puede prorrogar hasta dos veces más, habilita al presidente para la expedición de Decretos Legislativos, prescindiendo del Congreso. Este desarrollo normativo, es decir, los planes programas y proyectos estructurados para superar las causas de la Conmoción Interior, también son objeto de revisión por la Corte Constitucional.
Otras de las facultades que los Estados de Conmoción Interior le otorga al presidente son: Interceptaciones o registros a las comunicaciones para buscar pruebas judiciales o prevenir la comisión de delitos; aprehender de forma preventiva a personas a quienes se le tenga indicio sobre su participación o sobre sus planes de participar en la comisión de delitos; imponer contribuciones fiscales o parafiscales y suspender los servicios de radiocomunicaciones de redes públicas o privadas.
Institucionalidad es insuficiente
El Decreto 062 de 2025, contiene una serie de informaciones, la una más alarmante que la otra sobre las afectaciones que a futuro podría provocar en el tejido social y económico el escalamiento del conflicto armado en la región del Catatumbo y varios municipios aledaños.
La primera ‘confesión’, está relacionada con la confirmación de la ejecución de actividades relacionadas con la producción y tráfico a gran escala de cocaína por parte de organizaciones criminales vinculadas a negociaciones de paz con el gobierno de turno.
Sobre este asunto, sostiene el documento, que, omitiendo los esfuerzos de la institucionalidad para ‘revertir’ la realidad de la zona, los grupos armados han volcado su interés en la producción y exportación de drogas a gran escala, inyectando millonarios recursos al sostenimiento del conflicto armado e impidiendo la consolidación del Estado Social de Derecho.
“Producto de la crisis humanitaria referida, diferentes funciones esenciales del Estado se han visto gravemente afectadas, entre ellas, la prestación de servicios públicos, los servicios de notariado y registro, el acceso a la justicia, la educación, los servicios sanitarios y los servicios de alcantarillado y acueducto; así como la actividad industrial y comercial de particulares que proveen bienes y prestan servicios de importancia estratégica para la región y el país”, dice en uno de sus apartes el decreto.
Yendo más allá, el Ejecutivo advierte que la organización al margen de la ley con la que estuvo sentada casi dos años negociando la paz, al verse acorralada por las Fuerzas Armadas o incluso para presionar eventuales ‘treguas’, podría ejecutar actos terroristas que afectarían gravemente a la población civil.
“Dada la exacerbación del contexto de la acción armada del ELN, existe un riesgo inminente de afectación de las condiciones de acceso y distribución de alimentos que pueden causar crisis alimentaria, situación particularmente importante en la región del Catatumbo que registra un inventario de 139.721 cabezas de ganado, con una producción diaria estimada de 163.132 litros de leche, lo que equivale a una producción mensual de 4.893.962 litros”, precisa el documento.
Finalmente, enumera todos los ‘puntos débiles’ del Gobierno Nacional y que podrían ser objeto de acciones criminales, para reconocer que, definitivamente, que el modelo de gestión administrativa implementado por el actual gobierno fracasó.
“El accionar del ELN ha escalado de manera imprevisible a una magnitud que desborda la capacidad ordinaria del Estado e impacta de manera grave la prestación de servicios de salud en los primeros niveles de atención en los municipios afectados”, puntualiza el acto administrativo.
