Solo las industrias manufactureras conservarían el beneficio; oposición advierte impacto en empleo y precios.
El Ejecutivo publicó un borrador de decreto que redefine el alcance de la contribución solidaria en el servicio de energía eléctrica. La propuesta establece que únicamente las industrias manufactureras seguirán exentas, mientras sectores como agricultura, minería, construcción y servicios públicos deberán asumir el pago del 20 %.
El Ministerio de Hacienda estima que, con este ajuste, el Estado reduciría en cerca de 1,2 billones de pesos anuales los recursos destinados a subsidios en energía para los estratos más bajos. Además, el proyecto incluye una nueva clasificación de lo que se entiende como “actividad industrial”, lo que dejaría por fuera a sectores que antes gozaban del beneficio.
La iniciativa no tardó en despertar cuestionamientos. El representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar, anunció acciones legales contra el decreto, al que calificó de “mezquino”. Según él, trasladar este 20 % a las tarifas “condena a las familias a elegir entre comer o pagar la luz” y amenaza la competitividad y el empleo.
En la misma línea, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo alertó sobre los riesgos de la medida. Considera que responde más a la urgencia fiscal que a una estrategia energética de largo plazo. “El país puede terminar hipotecando su sostenibilidad a cambio de un alivio temporal en las facturas”, advirtió, señalando que el verdadero problema radica en la falta de inversión, la dependencia del gas importado y la poca competencia en el mercado eléctrico.
Para el exministro, una política sólida debería enfocarse en diversificación, aumento de oferta doméstica de gas y una transición ordenada hacia energías limpias, en lugar de soluciones “populistas” que encarezcan la producción y desincentiven la inversión futura.
