El sistema establecido por el Decreto 1961 de 2023, asimilaba en lo contractual, el Instituto Nacional de Vías Regionales a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad sacudida por un colosal escándalo de corrupción. La Corte tumbó esa prerrogativa por demanda del representante Hernán Cadavid.
Aunque parezca cliché, está demostrado que el nivel de desarrollo de una ciudad o región y la gestión de un gobernante, se miden por la calidad de obras que en ella se ejecutan con dinero público y el impacto que estas tienen sobre las condiciones de vida de sus habitantes.
Uno de los entes territoriales ejemplo de estas dinámicas en el país, es la ciudad de Barranquilla. Bajo la administración de Alejandro Char y sus ‘discípulos’, la capital del Atlántico ha experimentado un vertiginoso y acertado desarrollo urbanístico, social y empresarial.
Petro quería hacerle el quite a la Ley 80
No obstante, la importancia que reviste la ejecución de obras públicas en gran volumen, los procesos que derivan en estas se encuentran limitados o regulados por la Ley 80 y las demás que la complementan. Prescindir de los ritos propios de la contratación estatal, es sin más, abandonar el principio fundante de valar por la correcta inversión del erario.
El año pasado, el gobierno nacional expidió el Decreto 1961 de 2023, mediante el cual se da vida jurídica Instituto Nacional de Vías Regionales, se determina su estructura, funciones y demás disposiciones.
La normatividad en comento tiene como objetivo cumplir con los establecido en el artículo 368 del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026, referido a la dinamización en la construcción de vías terciarias, vecinales y regionales. Objeto además de loable, pertinente, teniendo en cuenta los más de 40 años de atraso que tiene el país en cuanto a infraestructura vial.
Precisamente, una de esas disposiciones, contenidas en Decreto 1961 de 2023, estaba relacionada con el quite a los parámetros contractuales contenidos en la Ley 80, estatuto que regula ese ejercicio en todos los niveles de la administración pública del país.
Concretamente, el parágrafo 1 del artículo 35 del mencionado decreto, el cual dice textualmente que “para la contratación con comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y/o comunidades étnicas, comunidades en todas sus diversidades, mujeres y víctimas, para el desarrollo de proyectos, e infraestructura vial, las cuales se someterán a la contratación directa, sin importar su cuantía”.
“Estamos cuidando el patrimonio público”
Uno de los primeros en oponerse a esta situación, a simple vista, lesiva para los intereses del Estado, fue el representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Hernán Cadavid, quien presentó una demanda de nulidad contra esa disposición.
A través de sus redes sociales, el congresista informó que la Corte Constitucional había validado sus cuestionamientos a las facultades entregadas al gobierno nacional en el artículo 35 del Decreto 1961 de 2023.
“Las Juntas de Acción Comunal pueden continuar la labor de contratación tal cual como lo están haciendo, la posibilidad que le estamos impidiendo al gobierno es que pueda contratar con organizaciones sociales, escuche bien esto, sin monto alguno, no estaban teniendo el control sobre la cuantía en los contratos, entonces, cualquier organización se presentaba o se inscribía como organización social y podía tener acceso a contratos sin importar la cuantía”, explicó Cadavid en entrevista con Noticias Caracol.
A renglón seguido, el representante, quien hace parte de la oposición, salió al paso a comentarios malintencionados en torno a los fines que perseguía su demanda y dejó claro que los recursos públicos deben invertirse teniendo siempre como faro la Ley 80.
“Lo que estamos haciendo es evitar que el patrimonio público vaya a manos de cualquier persona, sector u organización que no tenga la capacidad de acceder a recursos multimillonarios, revistiéndose o disfrazándose organización social”, señaló el congresista perteneciente al Partido Centro Democrático.
Finalmente, el representante, quien participa activamente con argumentos sólidos en el debate público, ratificó su compromiso con el control político eficiente al actual gobierno.
“Estamos en nuestra tarea de oposición en el Congreso, en la calle y ante las instancias judiciales. El trabajo continúa, tengan fe que mientras haya Estado de derecho, podemos frenar un gobierno arbitrario como el de Petro que pretendía burlar la Ley 80 con este decreto, seguramente favoreciendo amigos y algunos sectores políticos que le votan en el Congreso”, puntualizó Hernán Cadavid.
