El Ministerio de Educación expidió una resolución solicitando nombrar un reemplazo temporal para José Ismael Peña Reyes, hasta que alguna instancia judicial decida sobre la licitud de su posesión en una notaría. Algunos analistas aseguran que esta intervención es la destrucción de la autonomía universitaria.
A finales del mes de marzo, contra todos los pronósticos del gobierno nacional y un importante sector de estudiantado de la Universidad Nacional, la sesión donde se elegiría al rector terminó favoreciendo a José Ismael Peña Reyes.
La decisión, que no le gustó al gobierno nacional, porque es adversa a sus planes con esa institución educativa, de acuerdo con la procuradora segunda delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública (e), Claudia Patricia Hernández, goza de la presunción de legalidad de la que vienen revestidos este tipo de actos.
“Conforme a lo consignado en el acta de la sesión adelantada el 21 de marzo de 2024, y confrontada con la normativa que regula la designación del rector de la Universidad Nacional de Colombia, el Consejo Superior en el marco de la autonomía universitaria, siguió el procedimiento establecido para designar como rector de la Universidad Nacional de Colombia al señor José Ismael Peña Reyes, con el voto favorable de 5 consejeros, es decir por mayoría tal como lo exige el artículo 72 del Acuerdo 011 de 2005 del CSU”, aseguró Hernández.
Este concepto fue emitido por el Ministerio Público en el marco de la controversia inicial, la cual, con la expedición de una resolución que ordena apartar del cargo a Peña Reyes, dejó ver la cara más desagradable y cuestionada de los políticos de izquierda: el autoritarismo.
El documento, dado a conocer la mañana de este jueves 16 de mayo, le da 24 horas al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional para que designe a un rector encargado. La resolución firmada por Juan David Correa, ministro de Educación ad-hoc para el caso en concreto, ordena que se lleve a cabo una sesión extraordinaria «cuyo único punto del orden del día será encargar a un rector (a) de manera transitoria hasta tanto se adopte una decisión definitiva por parte del Consejo respecto de la conducta de autoposesión del señor Peña Ismael».
El acto administrativo también solicita que se supere el vacío de representación del estudiantado en los órganos de dirección de la universidad y se garantice su participación en los procesos democráticos que lo sucesivo puedan desarrollarse.
Además, advierte que, de no acatarse las órdenes contenidas en la resolución en comento, serán objeto de multas “sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el fin de cesar cualquier procedimiento o acto contrario a las constituciones, la ley y los estatutos, ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas sancionatorias».
Esta noticia ha tomado por sorpresa al mundo de la pedagogía y la educación, porque significa en la práctica eliminar la autonomía universitaria. El periodista de La Luciérnaga de Caracol Radio, Melquisedec Torres, se fue lanza en ristre contra la decisión del Ministerio de Educación.
“¿Así o más dictadorcito? Si fuese otro presidente el que estuviese tomándose la Universidad Nacional, a la fuerza con sus milicias y con actos arbitrarios como esta absurda resolución, el ‘progresismo’ ya habría incendiado no solo la universidad. Y véase que la resolución dice, falsamente, que hubo ‘autoposesión’ ¡en el resuelve! Y amenaza con multas de $130 millones”, trinó Torres.
Moisés Wasserman, profesor e investigador de la Universidad Nacional alertó sobre las consecuencias que a futuro puede tener este tipo de intervenciones, al tiempo que hacía un llamado a los juristas del país para defender la institución de educación superior pública más importante del país.
La petición fue atendida casi de inmediato, porque Germán Calderón, egresado de la institución, presentó ante la autoridad competente un recurso buscando dejar sin efectos jurídicos la que considera es una resolución nociva para el devenir de las instituciones de educación superior en el país.
“Acabo de demandar la resolución mediante la cual el ministro pretende invadir la esfera íntima de las universidades públicas en el país, acabando el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución, el cual establece que las universidades públicas se pueden autodeterminar: dictar sus propios estatutos y autodirigirse, es decir, nombrar sus propias autoridades, las personas que van a gobernar los destinos de las universidades en los periodos estatutarios”, explicó el jurista.
Finalmente, es importante resaltar que durante años la Universidad Nacional ha sido un escenario de constantes enfrentamientos entre alumnos y gobierno que podría agudizarse dada la radicalización del discurso y las acciones de Petro contra sus opositores y laxitud con sus seguidores, como por ejemplo, los miembros de la primera línea a quienes buscan por todos los medios dejar en libertad.
