Uno de los proyectos afectados es del de Acacia, cuyo trámite de licencia ambiental está radicado desde diciembre del 2022 y tiene más de 26 meses esperando aprobación.
Debido a todos los obstáculos que ha tenido en los trámites de licencias para poner en marcha los proyectos de energía eólica en La Guajira, la empresa Celsia anunció que lo más conveniente para sus finanzas es venderlos.
“Seguimos en el proceso de licenciamiento y todavía no lo hemos culminado. Nosotros sí estamos evaluando todas las alternativas posibles para el manejo de esos proyectos. Lo más seguro es que nosotros vendamos esos proyectos o tratemos de venderlos”, dijo Ricardo Sierra Fernández, presidente de Celsia.
Demora en las licencias
Celsia enfatizó en que la demora en la aprobación de las licencias les ha impedido arrancar con estos proyectos que suman 330 megavatios.
Uno de los proyectos afectados es del de Acacia, cuyo trámite de licencia ambiental está radicado desde diciembre del 2022 y tiene más de 26 meses esperando aprobación.
El segundo es el de Camelias, del cual se han realizado consultas previas y hay dos en desarrollo en La Guajira. Hay que mencionar que estas consultas iniciaron desde el 2021.
“En el desarrollo de esos proyectos, tú tienes que contratar el equipamiento tres o casi tres años antes o cuatro años antes porque los slots de producción son muy complejos en los diferentes productores. Y ya teníamos los equipos producidos y listos para despacho y por eso fue que tuvimos que movernos a Perú”, agregó el presidente de Celsia.
Incoherencia petrista
Uno de las apuestas del presidente Gustavo Petro ha sido la transición energética para contrarrestar los efectos del cambio climático; sin embargo, ese interés por el medioambiente queda solamente en el discurso ya que su gobierno ha dado claras muestras de entorpecer los proyectos que le apuestan a la generación de energías limpias. Ejemplo de ello son los impuestos del 6 % a las plantas nuevas y del 4 % a las plantas de energía solar y eólicas en operación y para las ventas de energía provenientes de fuentes renovables no convencionales, que se aprobaron dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
Para los expertos, estos impuestos desincentivan la inversión en tecnologías y proyectos de energía renovable, frenando así, el proceso de transición energética.