Un informe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá advierte que las recientes operaciones de manejo de deuda del Gobierno, junto con la suspensión de la Regla Fiscal, han incrementado los riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. El análisis señala presiones por mayor endeudamiento, costos financieros más altos y posibles efectos adversos sobre el presupuesto de 2026, en un contexto de restricciones de caja.
Las recientes decisiones de financiamiento adoptadas por el Gobierno han elevado los riesgos fiscales de corto y mediano plazo, según un informe de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá. El documento examina el impacto de la suspensión de la Regla Fiscal y de nuevas operaciones de manejo de deuda sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El estudio recuerda que, tras la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal, el déficit primario alcanzará el 3,2% del PIB en 2025, superando ampliamente el límite previo de 0,2%. En ese escenario, la restricción efectiva al gasto dejó de ser normativa y pasó a depender de la disponibilidad de caja. “Con la suspensión de la Regla Fiscal, la única restricción efectiva de gasto de la Nación es su caja, lo que incrementa los riesgos de sostenibilidad en ausencia de límites institucionales claros”, advierte el análisis.
Uno de los principales focos de riesgo identificados es el uso de canjes de Títulos de Corto Plazo (TCO) por TES, mecanismo que permitió aumentar la colocación de deuda de largo plazo sin utilizar formalmente el cupo de emisión aprobado por el Congreso. “Esta práctica desdibuja las metas consignadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y conduce, en la práctica, a la existencia de un cupo global de endeudamiento, elevando el potencial de colocación a niveles históricamente altos”, señala el informe.
De acuerdo con el documento, en 2025 el potencial de colocación de deuda alcanzó el 8,7% del PIB, muy por encima del promedio histórico de 5,2% e incluso del nivel observado durante la pandemia. Este aumento incrementa la exposición del país a choques financieros y a mayores necesidades de refinanciamiento.
El análisis también resalta el impacto de la colocación directa de TES a un agente extranjero por USD 6.000 millones, equivalente a cerca de $23 billones, realizada a una tasa superior a la del mercado local. “Aunque la operación permitió solventar necesidades inmediatas de caja, implicó un mayor costo financiero para la Nación, al realizarse a tasas más altas que las negociadas en el mercado secundario”, indica el documento.
Finalmente, el informe advierte que una eventual declaratoria de emergencia económica para aumentar el recaudo vía decreto podría trasladar riesgos adicionales al escenario de 2026. “Si la Corte Constitucional falla en contra de la emergencia, los recursos recaudados durante su vigencia se convertirían en saldos a favor de los contribuyentes, ampliando el hueco fiscal del próximo año”, concluye el análisis.
