La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha intervenido en varias oportunidades oponiéndose a los procedimientos administrativos y de policía tendientes a la restitución del derecho de dominio de los propietarios o tenedores afectados por las ocupaciones ilegales que se presentan en varias zonas del país, empoderando a los invasores.
Noraldo Díaz, vocero de una supuesta organización campesina, dijo en una entrevista que las ocupaciones ilegales que ellos llaman recuperaciones o liberaciones de tierras son “un mecanismo legítimo que han tenido nuestras comunidades por las políticas que han imposibilitado que haya, realmente, una reforma agraria, integral y democrática”.
Sin embargo, fue más allá en su discurso, insistiendo en la legalidad de las acciones que emprenden, muchas veces, en detrimento de la propiedad privada.
“No es como se nos dice hoy en día a nuestros campesinos y campesinas que somos unos invasores. Por el contrario, los invasores son los que nos robaron nuestras tierras y que ahora nuestros procesos a nivel nacional, a costa de su propia vida, de la libertad, nos hemos organizado para hacer estás tomas y estas retomas”, explicó Díaz, quien además apremió a los campesinos a seguir llevando a cabo las “liberaciones de tierras” (eufemismo para referirse a la invasión de predios privados y administrados por entidades públicas).
“Alentamos a nuestros procesos y a nuestras bases, a fortalecernos y a seguir haciéndolo contundentemente en todo el país, hasta que no se demuestre lo contrario y tengamos la garantía de que nuestra gente, nuestros campesinos y campesinas tengan derechos y un pedazo de tierra”, instó.
Son permanentes las invasiones de tierras
Este llamado ha sido escuchado por organizaciones campesinas en todo el país, pues, siguen siendo frecuentes las denuncias de invasión en distintas regiones, afectando especialmente al sector ganadero.
Desde la llegada del presidente Petro las ocupaciones ilegales se convirtieron en un tema habitual en la agenda pública, incluso, muchos de esos eventos han perdurado en el tiempo, posibilitando que las haciendas se conviertan en verdaderos tugurios, como ocurrió en zona rural de Turbo, Antioquia, donde hay apostadas ilegalmente más de 4000 personas.
Estas conductas se han venido afianzando en el día a día de algunas organizaciones campesinas por cuenta del discurso permisivo y ambiguo del gobierno nacional en torno al deber primigenio del Estado de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Incluso después de la firma de un acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) para la oferta y venta de 1.5 millones de hectáreas de tierra fértil que permitieran dinamizar la reforma rural integral, las mal llamadas recuperaciones se siguen presentando, al parecer, con la anuencia de entidades del Estado como la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Los invasores llegan con listas en mano
Durante una invasión en el Magdalena Medio, varios de los invasores aseguraron estar en el predio con la autorización de la entidad, cuya función principal es la administración de los bienes decomisados por cuenta de su adquisición ilegal. Incluso, explicaron que les habían entregado listas con nombres y ubicaciones de predios en proceso de extensión de dominio que podían ser ocupados. Luego de la intervención de las autoridades el predio fue desalojado.
A finales de diciembre del año pasado, José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, denunció que funcionarios de la SAE intimidaron a ganaderos que acudieron al llamado solidario de un amigo en problemas, situación que dejó ver que el gobierno nacional estaba más interesado favorecer los intereses de quienes llevaban a cabo una actividad ilegal.
“No es la primera vez que grupos invasores de fincas llegan indicando que tienen listas de la Sociedad de Activos Especiales y que les son suministradas por funcionarios de la entidad. En este caso que sucedió en Bolívar (vía Los Volcanes), de acuerdo con las denuncias hechas por varios ganaderos, la funcionaria de la SAE, Andrea Granda, al parecer le pide a la Policía que perfile a los ganaderos que llegaron a hacer presencia para respaldar a la institucionalidad y apoyar al productor afectado», publicó el dirigente ganadero”, dijo en su momento Lafaurie.
A pesar de que Fedegán informa constantemente sobre el cumplimiento de las metas de hectáreas ofertadas y el lento procedimiento al interior de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para poder adquirir los predios, este sector sigue siendo el más ‘atractivo’ para los ‘recuperadores’.
Grave problema en Cesar
Cesar es uno de los departamentos donde más se vienen presentando afectaciones contra los empresarios del campo, no solo a través del secuestro y la extorsión, sino también, por cuenta de las ocupaciones ilegales masivas, sostenidas en el tiempo y con el aparente auspicio de entidades estatales, partidos políticos de extrema izquierda y grupos al margen de la ley.
En ese departamento, hace presencia la ‘organización campesina’ Somos Tierra, la cual viene ejecutando ocupaciones ilegales en varios municipios como medio de presión para la adjudicación de terrenos a sus agremiados, todos ellos, ‘carentes y necesitados’ de tierra para trabajar.
La primera incursión registrada de esta agremiación ocurrió en la Hacienda El Toro, ubicada en zona rural del municipio de Codazzi. En aquella ocasión, 40 familias incursionaron en los predios pertenecientes a la familia Pimienta.
Aunque el predio fue recuperado gracias a la intervención de las autoridades y el acompañamiento de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, quedaron en el aire ciertas dudas sobre las reales motivaciones de la ocupación debido a los mensajes de respaldo que recibieron de varios miembros de las extintas Farc.
¿Alianza entre supuestas asociaciones campesinas y las FARC?
Uno de esos, fue Julián Gallo, quien restó importancia al sentido vinculante que otorga el contrato de arrendamiento firmado entre la SAE y el productor que tiene en su posesión el bien para explotar su empresa ganadera.
“Campesinos de los municipios de Turbaco y Arjona, del departamento de Bolívar, organizados en la coordinadora Somos Tierra, ingresaron a predios que están siendo administrado por la @activosSAE, después de realizar varias solicitudes de manera formal para acceder a estos predios y no recibir respuesta de la entidad. Para avanzar con las políticas del #GobiernoDelCambio, hay que acelerar la entrega de la tierra a los campesinos”, trinó en su momento Gallo, controvirtiendo lo dicho por Lafaurie.
Los incidentes se siguieron repitiendo y el gobierno cada vez más laxo con estas organizaciones, empezó a manejar un discurso peligroso en contra de las dinámicas de oferta de tierras por parte del sector ganadero, dejando de lado los muchos problemas administrativos y las manifiestas debilidades operacionales de las entidades con competencia en estos asuntos.
Falsas organizaciones campesinas son las que invaden tierras
Hace poco menos de una semana, la organización Somos Tierra volvió a apoderarse de un predio con vocación ganadera en Aguachica, administrado por la SAE, pero en posesión de una empresa privada. Los audios que circulan en los grupos de WhatsApp de Fedegán dan cuenta de la violencia ejercida por los ocupantes.
En uno de los archivos magnetofónicos, el productor afectado informa que un grupo importante de personas ingresó por la noche a la finca, encerraron a los trabajadores en el baño, sacrificaron varios animales y luego de hurtar los equipos de trabajo, les echaron por la ventana las vísceras del ganado sacrificado, advirtiendo el futuro que les esperaba a los asustados jornaleros.
Este hecho fue dado a conocer por Fedegán a través de su cuenta en X. “¡En Aguachica, Cesar, un ganadero está viviendo una infame invasión! En la finca La Pola no solo violaron la propiedad privada, sino que también, secuestraron trabajadores, hurtaron motosierras, guadañas, abrieron bodegas, ensillaron caballos para reunir ganado, amenazan con venderlo y carnearon una vaca. ¡Hacemos un llamado al gobierno nacional y que caiga todo el peso de la ley para estos delincuentes!”.
¿La SAE es aliada de los invasores?
Casi al instante de la denuncia, la SAE solicitó a las autoridades abstenerse de ejecutar el desalojo de los ocupantes ilegales, dejando de lado las muchas conductas constitutivas de delitos que ejecutaron quienes se encontraban en el predio y dando alas a las pretensiones de ‘recuperación’ que promueven estas organizaciones.
“Por la vía del diálogo social, buscaremos una solución a la ocupación irregular de un predio en Río de Oro, Cesar, que es administrado por la SAE y donde hemos pedido a las autoridades suspender cualquier actuación de desalojo. Mañana realizaremos una mesa de trabajo con los ocupantes irregulares para concertar una salida que beneficie a todos los actores sociales en donde se encuentra población de especial protección constitucional como mujeres, niños, niñas, población migrante y campesinos”, se lee en el trino, considerado por un amplio sector de la ganadería como la eliminación de la propiedad privada con anuencia estatal.
Prueba del fortalecimiento de las ideas ilegales de los invasores de la Hacienda La Pola, fueron expuestas por uno de los líderes de la ocupación en entrevista entregada a un medio de comunicación regional.
“Todas las personas más alrededor de 200 familias campesinas se tomaron la pola Por qué porque en la reforma agraria dice que los predios de la SAE tienen que ser para la reforma agraria. Y el presidente de la República está totalmente comprometido y la Sociedad de Activos Especiales en cabeza del actual ministro, Daniel Rojas Medellín, está totalmente comprometida con el campesino”, comentó uno de los líderes de la ocupación.
Afectación a los ganaderos
A renglón seguido, confiado de que no serán sancionados, insistió en el revestimiento de legitimidad que le había dado el gobierno nacional al solicitar públicamente la no aplicación de la ley a las más de 500 personas que se encuentran ocupando ilegalmente el predio y destruyendo parte del patrimonio de una empresa ganadera.
“La misma Sociedad de Activos Especiales dijo que no se permitía ningún desalojo, porque ellos lo que querían era a sangre y fuego sacarnos; eso dijo la señora inspectora del municipio de Río de Oro: retomarlo. Menos mal que este sí es un gobierno de cambio y el señor presidente no iba a permitir que se abusara de la gente y mucho menos de la población campesina, que es vulnerable”, aseguró Andrés Torres Villalba quien ha tomado la vocería.
Finalmente, como era de esperarse, estas reflexiones fueron rechazadas de plano por un amplio sector de la comunidad ganadera, afectada grandemente en lo emocional y patrimonial por estos episodios, además piden a la SAE aclarar si esas acciones son una respuesta positiva a las sugerencias de personajes de la talla de Pablo Catatumbo, quienes han solicitado a la citada entidad eliminar los procesos administrativos a la hora de adjudicar terrenos.
“La tierra para el campesinado y no para los ganaderos ricos. Así quedó plasmado en el Acuerdo Final de Paz. La @activosSAE, debe resolver favorablemente las solicitudes de tierra hechas por las organizaciones campesinas de la Coordinadora Agraria, Étnica y Campesina Somos Tierra en Turbaco y Arjona Bolívar”, exigió el exguerrillero en el marco de un desalojo en Bolívar.
