La medida adoptada a finales del mes de enero buscaba conjurar la crisis humanitaria y social provocada por la escalada de violencia desatada por los grupos armados ilegales que buscan control los territorios, rutas y rentas ilegales asociadas al narcotráfico y la extorsión.
A través de un acto administrativo, el gobierno de Gustavo Petro levantó el estado de conmoción interior que rigió durante tres meses en la región del Catatumbo, área metropolitana de Cúcuta y municipios de Río de Oro y González en el Cesar.
Esta medida, aunque pone fin a la declaratoria motivada por un cuento enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan de Golfo por el control territorial, rutas y rentas ilegales de negocios como el narcotráfico y la extorsión, prorrogó por otros 90 días la vigencia de los decretos legislativos que permitieron atender la grave crisis de orden público y humanitaria con el objetivo de garantizar la protección y asistencia a miles de desplazados y afectados por la violencia.
El documento, rotulado como Decreto 0467 y fechado el 23 de abril del año en curso, explica que las medidas extraordinarias adoptadas fueron claves para conjurar la perturbación al orden público que motivó la declaratoria inicial.
Según se lee la parte motiva del documento, la intervención estatal permitió contener el avance de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, que habían provocado asesinatos, desplazamientos masivos y ataques a infraestructura crítica en el nororiente del país.
Aunque esta decisión supone que todo se ha normalizado en la región afectada, el gobierno subrayó la necesidad de mantener la vigencia de decretos legislativos para asegurar la atención de la población y evitar un rebrote de la violencia.
Finalmente, es importante anotar que, en la Corte Constitucional se continúa analizando a legalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar y gestionar la crisis generalizada en la región del Catatumbo.
