El proyecto, según el ejecutivo, busca modernizar la Constitución de 1991 y superar bloqueos institucionales, pero otorga al presidente amplias atribuciones normativas, lo que ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre poderes en Colombia.
Presentada desde China como una ruta para actualizar el orden constitucional, la iniciativa de Eduardo Montealegre Lynett propone una ‘reforma integral’ a la Carta Política vigente mediante una Asamblea Constituyente elegida por voto popular. El texto, de 22 páginas, señala que el propósito central es “fortalecer la democracia y consolidar el Estado social de derecho” a través de un proceso participativo con representación plural.
Definida en el documento como “un cuerpo vivo, que se adapta a la sociedad y a sus necesidades de acuerdo con el devenir de la historia”, la Constitución, según Montealegre, solo puede ser reemplazada “por medio de una Asamblea Constituyente”, mecanismo que, en su criterio, debe incorporar “derechos, libertades y bienestar” para todos los ciudadanos.
Desde la exposición de motivos, el ministro advierte que persisten “bloqueos institucionales que frenan la transformación social”. En su concepto, esta suerte de ‘oposición’, genera “situaciones de estancamiento estructural que frustran la realización de los derechos constitucionales”. Analistas y opinadores aseguran que este argumento busca justificar la necesidad de una reforma total como vía para destrabar políticas públicas existentes.
Uno de los puntos que promete más debate en la opinión y la cosa pública, está contenido en el parágrafo del artículo 2, que autoriza al presidente de la República a ejercer facultades extraordinarias por seis meses para “expedir normas con fuerza material de ley en las que precise los requisitos para ser delegatario, la definición de cada uno de los grupos mencionados y las generalidades del mecanismo democrático interno”.
Para varios juristas, esta cláusula otorga un poder discrecional al Ejecutivo que podría restar transparencia al proceso constituyente. Como si fuera poco, también se incorpora la figura de los “reglamentos constitucionales autónomos”, que habilitarían al Gobierno para intervenir en materia de política monetaria sin requerir ley previa.
A este respecto, el ministro Montealegre sostiene que tal instrumento “facilita decisiones de política económica en sectores estratégicos, sin afectar la independencia institucional”, visión que choca de frente con la opinión de varios expertos que desde ya alertan que esta iniciativa podría modificar la relación entre el Ejecutivo y el Banco de la República.
En lo que respecta a su duración en el tiempo, el proyecto de ley establece que sesionaría durante tres meses y estaría conformada por 71 delegados elegidos mediante votación popular bajo criterios de paridad de género y representación de comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas, víctimas del conflicto armado, población LGBTIQ+ y colombianos en el exterior. “La Asamblea tendrá como límites los compromisos internacionales sobre derechos humanos, las normas del Ius Cogens y la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales”, explicó Montealegre.
Yendo más allá, señaló que entre las prioridades temáticas aparecen un estatuto del trabajo, reformas al sistema de salud y al derecho a la vivienda, junto con el fortalecimiento de la autonomía territorial indígena. Cierra la propuesta con una alusión simbólica a la “sala de máquinas” de la Constitución, metáfora con la que el ministro defiende la necesidad de ajustar la estructura del poder público.
Finalmente, aunque el Ejecutivo insiste en que la propuesta busca fortalecer la democracia participativa, los sectores críticos temen que el diseño del proceso amplíe las atribuciones presidenciales en detrimento del equilibrio institucional previsto por la Constitución de 1991.
