Ante la falta de una decisión de la Corte Constitucional sobre la suspensión de la emergencia económica anterior, el Ministerio de Hacienda planteó una nueva declaratoria con medidas distintas, entre ellas un impuesto progresivo al patrimonio de empresas con altos activos, para financiar la atención de la crisis climática en el norte del país.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó que, debido a las graves inundaciones que han afectado a varias regiones del norte del país, se analizan opciones para obtener recursos adicionales. En ese sentido, Ávila afirmó que el Ejecutivo no puede quedarse inmóvil frente a la magnitud de la crisis y subrayó la necesidad de adoptar alternativas que permitan garantizar la atención a las comunidades afectadas.
Según cálculos preliminares del Ministerio de Hacienda, la recuperación de las zonas impactadas demandaría recursos cercanos a los 8 billones de pesos.
Así las cosas, el gobierno estudia declarar una nueva emergencia económica, esta vez con instrumentos diferentes a los anteriores. La propuesta central sería la creación de un impuesto al patrimonio dirigido exclusivamente a personas jurídicas con altos niveles de activos.
Ávila detalló que el tributo tendría un enfoque progresivo y estaría diseñado para no afectar a la pequeña y mediana empresa. Por ello, se aplicaría únicamente a compañías con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a cerca de 10.000 millones de pesos.
En ese esquema, se contemplaría una tarifa marginal del 0,6 % para patrimonios de hasta 600.000 UVT, alrededor de 30.000 millones de pesos, y del 1,2 % para empresas que superen ese umbral. El ministro precisó que la medida estaría enfocada en patrimonios empresariales elevados.
De acuerdo con las proyecciones del gobierno, cerca de 15.000 empresas entrarían en el rango de aplicación del impuesto, lo que permitiría recaudar aproximadamente los 8 billones de pesos necesarios para financiar la atención de la emergencia. El mecanismo sería reglamentado mediante un decreto posterior.
Finalmente, Ávila insistió en que la crisis climática responde a hechos excepcionales y sobrevinientes, lo que, según explicó, justifica la adopción de medidas extraordinarias. También expresó la expectativa del gobierno de que la Corte Constitucional actúe de manera coherente frente a la situación y habilite las herramientas necesarias para responder a la emergencia.
