Gobierno desconoce la postura clara y reiterada de cuatro sentencias de la Corte Constitucional que reiteran las garantías de los jueces y, contrario a ello, pretende darle potestad a la Agencia Nacional de Tierras, para decidir decida sobre los procesos agrarios de la tierra.
Agricultores de todo el territorio nacional manifestaron su desacuerdo con el Gobierno y el proyecto de ley que presentó ante el Congreso de la República, con el que busca quitarle garantías a los jueces y sus debidas competencias para decidir sobre procesos agrarios.
En ese sentido Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, manifestó que, “el Gobierno desconoce la postura clara y reiterada de cuatro sentencias de la Corte Constitucional que han validado la fase judicial de los procesos agrarios, es decir, aquellas que confirman que debe ser un juez quien decida todos estos trámites”, agregó.
Cuatro sentencias
En un comunicado de prensa el dirigente de la SAC describió las cuatro sentencias que ignora el legislativo:
1.C-077 del 2018: la Corte hizo la revisión integral del Decreto Ley 902 del 2017. Definió que el diseño de la fase administrativa y judicial del procedimiento único es constitucional.
2. Sentencia SU-288 de 2022 sobre baldíos: reiteró la necesidad de que se creara la Jurisdicción Agraria para que resolviera la fase judicial del procedimiento único del Decreto Ley 902 de 2017.
3. C-340 de 2025: La Corte declaró la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria.
4. C-099 del 2026: La Corte negó la pretensión del director de la Agencia Nacional de Tierras de eliminar la fase judicial de los procesos agrarios y reiteró que esta etapa del Procedimiento Único debe ser resuelta por los jueces.
Se refrió asimismo a que el texto desconoce también un hecho de igual importancia.
Enfatizó el Auto 534 de 2026 de la Corte Constitucional suspendió varios artículos del Decreto legislativo 0174 de 2026, emitido por el Gobierno en el marco de la emergencia económica.
Proteger garantías
El dirigente hizo un llamado al Congreso de la República para que se proteja el debido proceso y las garantías judiciales que hoy tienen todos los ciudadanos.
Considera que no puede ser que sea una entidad del Ejecutivo la que haga las veces de un juez, como lo pretende el Gobierno en el Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria.
Desconocimientos del Gobierno
Bedoya se refirió de manera explícita a que el Acuerdo de Paz estableció la obligación de crear una Jurisdicción Agraria, y el Decreto Ley 902 de 2017.
En desarrollo de ese Acuerdo, dio a los jueces la competencia para decidir sobre ocho procesos agrarios.
Aun así, el Gobierno presentó un proyecto de ley que busca quitarle garantías a los ciudadanos y, también, a los jueces las competencias de decidir sobre procesos agrarios.
“Es muy preocupante que el Gobierno que dice defender el Acuerdo de Paz, intente crear una justicia rural en la que le quita las competencias a los jueces de la República para dárselas a una entidad del mismo gobierno”, agregó.
Manifestó su desacuerdo con la propuesta reflejada en al artículo 9 del proyecto de ley que cursa el segundo debate en el Congreso de la República.
Estos últimos le permitían a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, decidir, eliminando las garantías judiciales de los ciudadanos, los procesos agrarios de clarificación, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio en varios departamentos.
La Jurisdicción Agraria no puede construirse debilitando las garantías judiciales de los ciudadanos.
“Las decisiones sobre la tierra deben seguir en manos de los jueces independientes y no de entidades del Ejecutivo. ¡La justicia rural es con jueces de la República!, puntualizó.
