El político valluno manifestó que la propuesta de la creación de los Frentes de Seguridad y Paz de Fedegán no solamente es adecuada, sino necesaria ante la crisis que enfrenta el país.
El principio de solidaridad como principio fundamental del Estado de Derecho debe ser un incentivo para que el gobierno nacional apoye la organización ciudadana en torno a ambientes seguros, manifestó el representante a la Cámara por el Valle, Christian Garcés Aljure, al referirse a los Frentes de Seguridad y Paz creados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) como estrategia de prevención de hechos criminales contra ese sector económico.
“Claro que la debe apoyar. Quienes generan empleo en áreas rurales no aguantan más invasiones ni delincuencia… Lo anterior no implica ceder el uso del monopolio de la fuerza a los particulares; por el contrario, es un llamado a articular el deber del Estado de garantizar la seguridad con la voluntad ciudadana”, manifestó el político valluno.
Propuesta necesaria
Así las cosas, Garcés Aljure afirmó que la propuesta de la creación de los Frentes de Seguridad y Paz de Fedegán no solamente es adecuada, sino necesaria ante la crisis de seguridad que enfrenta el país.
“Delitos como la extorsión y el secuestro, que vienen en alza constante, y las invasiones a la propiedad privada lo demandan”. Añadió que la conformación de esos frentes, en colaboración con la sociedad civil, puede ser un contrapeso al control que los delincuentes están tomando en los territorios. En ese sentido, criticó que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le haya prohibido al director de la Policía Nacional, general William René Salamanca Ramírez, que acogiera y analizara la propuesta de Fedegán.
“Esto es solo una muestra más de la falta de articulación de este gobierno. Una improvisación total en absolutamente todo. Pero, ¡ojo!, con la seguridad del país no se improvisa”.
Ineficiencia estatal
El congresista expresó que a pesar de que el Estado debe ser el que proteja la seguridad de todos los colombianos, en este caso en particular a los ganaderos, es evidente que no lo ha logrado ni tiene la intención de hacerlo.
“Debe ser la fuerza pública, especialmente la Policía. También es de vital importancia la labor de la Fiscalía que debe estar investigando, acusando y capturando a todo invasor de tierras, lastimosamente esto no se está logrando; entre el 2022 y el 2023 en el Cauca se recibieron 65 denuncias por invasión de tierras y solo se capturaron en su momento a 15 invasores. Esto demuestra claramente la ineficacia del gobierno para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y el control del territorio”.
De continuar este preocupante panorama en seguridad, enfatizó Garcés Aljure, podría empezar a generarse desplazamientos, improductividad de la tierra y desempleo.
