Los mandatarios departamentales advierten que el Decreto 1474 de 2025 vulnera la autonomía fiscal de las regiones y podría incentivar el contrabando y la ilegalidad. En carta al Ministro de Hacienda expresaron su desacuerdo con la medida, al considerar que pone en riesgo rentas clave para sectores como salud, educación y deporte.
La Federación Nacional de Departamentos y los 32 gobernadores del país manifestaron su rechazo a la implementación del Decreto 1474 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional incrementa el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, así como de cigarrillos y tabaco elaborado, expedido en el marco de la emergencia económica.
Según los mandatarios regionales, la medida vulnera la autonomía fiscal de las entidades territoriales y pone en riesgo una de las principales fuentes de ingresos de los departamentos.
En una carta enviada al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, los gobernadores señalaron que la búsqueda de recursos adicionales para financiar el presupuesto del Estado central no puede hacerse a costa del debilitamiento del modelo de descentralización consagrado en la Constitución.
“Desde las regiones reiteramos nuestro categórico rechazo a la implementación de las medidas establecidas en el Decreto 1474 de 2025, por ser recentralizadoras y atentar contra los ya limitados ingresos de las entidades territoriales, además de poner en riesgo la financiación de sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte”, señala la misiva.
Adicionalmente, los gobernadores expresaron su preocupación por el impacto que el incremento del impuesto al consumo podría tener en el aumento del contrabando y la ilegalidad en el país.
Advirtieron que este fenómeno no solo afecta de manera directa las rentas departamentales, sino que también representa un riesgo para la salud pública y la seguridad nacional, al convertirse en una fuente de financiación para estructuras criminales.
La FND y los gobernadores insistieron en la necesidad de abrir un espacio de diálogo con el Gobierno Nacional para evaluar alternativas que fortalezcan las finanzas públicas sin menoscabar la autonomía territorial ni afectar negativamente las economías regionales.
