Nubia Córdoba, convocó consejo de seguridad y rechazó las amenazas de paro armado en el departamento. La Defensoría y la ONU han alertado sobre el agravamiento del conflicto en el Alto y Medio Atrato, con afectaciones graves a la población civil.
El Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este martes 23 de julio un paro armado de 48 horas en todo el departamento del Chocó, a partir del jueves 25, como respuesta a una operación militar desarrollada en el municipio de Lloró por fuerzas estatales.
En un comunicado divulgado por redes sociales, el grupo armado denuncia presuntos abusos cometidos por el Ejército, incluyendo la retención de 12 civiles, hurtos de bienes comunitarios y la supuesta tortura de un hombre afrocolombiano.
No obstante, el panfleto también incorpora mensajes ideológicos y llamados a la ‘movilización social’. Frente a estos señalamientos, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, defendió la actuación de las Autoridades de Orden en su convulso departamento.
“El operativo fue desplegado desde el nivel central por el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía General de la Nación. En Lloró se incautó material de guerra y se produjo la desmovilización de dos personas”, señaló la mandataria en su cuenta oficial de X.
La gobernadora también alertó sobre amenazas y restricciones difundidas por el ELN contra la población civil y los servidores públicos. En respuesta, convocó un consejo de seguridad extraordinario para coordinar acciones institucionales y garantizar la protección de las comunidades.
Paralelamente, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han advertido sobre el agravamiento del conflicto armado y la crisis humanitaria en el Alto y Medio Atrato, con reportes de confinamiento, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores por parte de distintos actores armados.
En este contexto, el Gobierno reafirmó que la presencia del Estado en estas zonas es legítima, necesaria y constitucional. Voceros institucionales recordaron que el control territorial no puede quedar en manos de estructuras ilegales que, mediante panfletos y coerción, buscan imponer agendas al margen del derecho.
“Nuestra responsabilidad es seguir fortaleciendo la institucionalidad, el respeto por los derechos humanos y la seguridad integral de nuestras comunidades, sin ceder ante quienes pretenden gobernar desde el miedo”, concluyó la gobernadora Córdoba-Curi.
