El mandatario departamental advirtió que la medida anunciada por la Alcaldía de Bogotá envía un mensaje de segregación, afecta la integración regional y se fundamenta en una interpretación equivocada del impuesto vehicular. Planteó alternativas de financiación y alertó sobre los impactos económicos para comercio y turismo.
El gobernador de Cundinamarca cuestionó la propuesta de la Alcaldía de Bogotá de implementar un nuevo esquema de pico y placa para vehículos matriculados por fuera de la capital.
Según señaló, la medida constituye una restricción injustificada a la movilidad y un mensaje contrario al espíritu de integración territorial que debería orientar las relaciones entre Bogotá y la región.
“Debemos reiterar que no compartimos este tipo de medidas restrictivas. De implementarse, no sería un buen antecedente. La segregación sería el principio sobre el cual se moverían las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca para hechos metropolitanos futuros, como los servicios ambientales, la seguridad alimentaria o la logística especializada; eso no le conviene a nadie”, afirmó.
El mandatario recordó que el impuesto vehicular es una renta cedida por la Nación a los entes territoriales para garantizar la libre movilidad de los vehículos por todo el país, y advirtió que usar el recaudo del tributo como argumento para imponer restricciones contradice su propósito esencial.
“No es coherente utilizar una motivación tributaria para imponer una medida de restricción de la movilidad”, señaló.
Aunque expresó su disposición a revisar el esquema tributario, insistió en que la discusión debió darse sin condicionamientos. En ese sentido, planteó alternativas para fortalecer las finanzas de Bogotá sin afectar la movilidad entre territorios.
Entre ellas propuso destinar un porcentaje de los recursos que Bogotá y Cundinamarca transfieren a la Región Metropolitana para mejorar y mantener la semaforización en la ciudad, así como avanzar en una reforma legislativa que permita transferir entre ambas jurisdicciones el 20% o más del impuesto pagado por contribuyentes que matriculan sus vehículos en un lugar distinto a su residencia.
El gobernador también desestimó las comparaciones hechas por la administración distrital sobre el pago de administración en propiedad horizontal. Según explicó, la analogía no aplica porque el territorio funciona como un ecosistema interdependiente.
“Es como ponerle un impuesto al plomero que arregla el edificio, al administrador que no vive allí o a los cuidadores de niños del conjunto”.
Asimismo, llamó la atención sobre el impacto económico de una eventual restricción los sábados, que afectaría sectores como el comercio y el turismo. Invitó a los gremios, entre ellos Fenalco Bogotá y la ANDI, a cuantificar los efectos en el empleo y en la actividad económica, preguntándose si los costos no serían mayores que lo que el Distrito espera recaudar.
Aseguró también que un aumento en las matrículas de Bogotá debe surgir de incentivos positivos, como la reducción del costo de la matrícula —actualmente el doble del promedio nacional—, mejoras en el servicio y mayor eficiencia en el cobro del impuesto vehicular. Recordó que desde 2023 más de 200.000 vehículos matriculados en Bogotá no están pagando el impuesto pese a estar obligados.
“Si estas acciones se implementaran, Bogotá podría cumplir sus metas de recaudo sin necesidad de cerrar la puerta de la casa de todos”, concluyó.
