Pacto Histórico dirigirá el órgano encargado de investigar a los más altos dignatarios del Estado, entre ellos al presidente, quien acumula varias denuncias en esa instancia. Desde la oposición cuestionan la imparcialidad de la nueva mesa directiva.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes renovó su mesa directiva para el próximo periodo. La presidencia quedó en manos de la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, mientras que la vicepresidencia será ocupada por María Eugenia Lopera, del Partido Liberal.
Aunque suele tratarse de un relevo rutinario, esta elección adquiere un valor político especial, ya que, Arizabaleta no solo es una dirigente cercana al presidente Gustavo Petro, sino que también integra el triunvirato investigador que actualmente revisa las denuncias contra el jefe de Estado.
Desde ahora, será la encargada de conducir la agenda del órgano legislativo que por mandato constitucional examina las quejas contra altos dignatarios de la Nación. De acuerdo con el artículo 178 de la Constitución y con la Ley 5ª de 1992, la Comisión debe conocer de denuncias contra el presidente de la República, el Fiscal General de la Nación y los magistrados de las altas cortes.
Está compuesta por 16 representantes elegidos por el sistema del cuociente electoral y, pese a su relevancia, ha sido históricamente cuestionada por la escasa efectividad de sus procesos, lo que le valió el apodo de “la Comisión de Absoluciones”. Con Arizabaleta en la presidencia, el oficialismo fortalece su presencia en un espacio donde Petro tiene varios expedientes abiertos.
Analistas consideran que, en medio de la polarización política, el nombramiento representa un blindaje institucional para el mandatario, pues otorga al Pacto Histórico una posición clave en el manejo de esos expedientes.
En esa misma línea, pero de forma más incisiva, desde la oposición se ha advertido que la cercanía de Arizabaleta con el presidente podría afectar la imparcialidad de los procesos. Según voces críticas, su papel podría derivar en demoras o incluso en el engavetamiento de los casos.
Por su parte, sectores afines al gobierno defienden la designación y aseguran que, lejos de generar sospechas, se trata de una oportunidad para darle seriedad y continuidad a los trámites que ya adelanta la comisión.
Así las cosas, el reto de la nueva presidenta será doble: responder a la presión de la opinión pública para que la comisión actúe con eficacia y, al mismo tiempo, enfrentar los cuestionamientos por la influencia que el partido de gobierno tendrá sobre procesos que involucran directamente a su máximo líder.
