Según documento rotulado como reservado, las operaciones de inteligencia tendientes a dar con la ubicación de alias Bruno y los posteriores combates con una estructura irregular armada en el caserío, fueron coordinadas en tiempo real con el comando del Batallón Contra el Narcotráfico.
El próximo lunes se conocerá la decisión del juez en torno al caso donde la Fiscalía procesa a 24 militares que participaron en una operación en la vereda El remanso, jurisdicción del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, en el año 2022 y que dejó como saldo 11 civiles muertos.
Los argumentos tanto del ente acusador como de la defensa de los 24 militares acusados ya fueron expuestos ante el togado por las partes y será quien tenga la última palabra.
De acuerdo con lo dicho por los representantes de la Fiscalía en las audiencias realizadas recientemente, los militares a sabiendas de que los indígenas estaban en una actividad lúdica abrieron fuego de manera indiscriminada.
“Luego de varias horas de observación, y con pleno conocimiento de que Bruno no estaba en la zona, unidades del Batallón Contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico n.º 3, portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso, justo cuando terminaba un bazar comunal”, explicó el fiscal del caso, apoyado en un informe pericial.
Dicho estudio, según se comentó en la citada diligencia judicial, permitió determinar que los saldados abrían disparado al menos 1.600 balas sobre el caserío conformado por 13 viviendas construidas básicamente de tablas. Como complemento, hicieron explotar varias granadas de fragmentación. La solicitud de condena de la Fiscalía está cimentada sobre un presunto ataque desproporcionado de los uniformados.
“Acción coordinada”
Revista Semana publicó en exclusiva una de las cartas que quiere utilizar a su favor el equipo de abogados que defiende los intereses de los militares procesados y que daría un giro de 180 grados a la narrativa que se ha venido manejando desde varios sectores de la opinión pública.
La pieza documental expuesta en la audiencia y que estaba bajo el rótulo de reservado, fue archivada con el rótulo: ‘Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Batallón Contra el Narcotráfico n.º 3. Informe de patrullaje’ y daría cuenta que la acción en la que perdieron la vida 11 personas fue coordinada.
“[…] El informe conocido en exclusiva por Semana, detalla los seguimientos, labores de investigación e inteligencia, hasta determinar que alias Bruno iba a estar en el bazar para realizar negocios de narcotráfico. Según este mismo documento, los superiores seguían paso a paso y recibían el reporte directamente de hombres en la zona”, se lee en uno de los apartes de la nota periodística.
Más adelante, el informe periodístico revela la bitácora de los militares mientras ejecutaban labores de inteligencia y previo a que desarrollaran los combates. En un primer momento, los uniformados informan a sus superiores: “se reporta la presencia de hombres armados (con armas largas) en el árbol que queda ubicado entre el río Putumayo y el burdel, no se autorizan acciones por presencia de civiles en la zona”.
Media hora antes de que se produjeran los combates, quienes estaban a cargo de la operación fueron informados con certeza de la presencia de milicianos en actitud de vigilancia y portando armas de largo alcance. Un poco antes de las 7:30 de la mañana del 28 de marzo de 2022 se anotan en el libro de operaciones las primeras detonaciones.
“Alto volumen de fuego enemigo contra su posición, dando inicio a combates contra la estructura de alias Bruno, se escuchan disparos desde varias partes del caserío, reportan al soldado Beleño herido con impacto de bala”, se lee en la prueba reina de la defensa de los militares y 10 minutos después, informan a sus superiores nuevamente: “hostigamiento con disparos de fusil desde el otro lado del río Putumayo en territorio ecuatoriano. Se reporta la salida de una lancha, al parecer con dos combatientes ilegales, en armas, heridos”.
A mediodía, luego del traumatismo de los combates, los militares logran llegar al caserío y brindar los primeros auxilios, el levantamiento de los cadáveres se hace al final de la tarde por cuenta de la difícil topografía.
Este documento es el ‘As’ que puso sobre la mesa de juego el equipo jurídico que defiende a los 24 militares y que supone, a la luz de las imputaciones de la Fiscalía un giro inesperado al caso.
“No es una acusación contundente, parece de tendencia política. No se entiende cómo una operación militar legítima termina con imputación de 24 militares, cuyo pecado es luchar contra estructuras del narcotráfico”, puntualizó José Luis Villafañe, apoderado de los militares.
