El primer Gran Encuentro por las Víctimas Ganaderas, por el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, enfatizó el recrudecimiento de la violencia contra el sector ganadero colombiano. De hecho, el Gaula informó que el secuestro aumentó 52 por ciento entre 2022 y 2023 mientras que la extorsión lo hizo en el 13 por ciento.
Un preocupante consenso sobre la inseguridad que afecta actualmente y de manera permanente desde hace varias décadas al sector ganadero colombiano, se registró en el primer Gran Encuentro por las Víctimas Ganaderas realizado de manera virtual por Fedegán y Fundagán a través de YouTube.
A este evento virtual asistieron la senadora de la República María Fernanda Cabal; José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán; Carlos Camargo, defensor del Pueblo; Jorge Rodrigo Tovar, representante a la Cámara; Sandra Alfaro, de la Unidad para las Víctimas; y el coronel Giovanni Montañez Acosta, director nacional Gaula Militares, así como representantes gremiales del sector ganadero y productores de todo el territorio nacional.
El evento fue marcado por el reconocimiento de que la violencia sigue intacta, es permanente y, en esta, los mayores perjudicados son las personas dedicadas a la actividad ganadera en el país.
“El secuestro aumentó 52 por ciento entre 2022 y 2023 al pasar de 223 a 338 casos, particularmente en Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño y Arauca”, indicó el coronel Giovanni Montañez Acosta.
De manera simultánea la extorsión también aumentó y lo hizo en 13 por ciento en el mismo lapso al pasar de 9791 a 11.078 casos. “Dicho incremento obedece a que esta actividad ilegal se constituye como el recurso de financiamiento por parte de los grupos al margen de la ley”, puntualizó el director de 32 Gaula a nivel nacional.
Más secuestros
“Colombia es el país donde más personas del sector ganadero en el mundo han sido secuestradas y son víctimas que siempre vamos a defender y a visibilizar”, afirmó María Fernanda Cabal Molina, senadora de la República, a la vez que agradeció el papel y la gestión fundamental de la Defensoría del Pueblo con respecto a este delito que agobia continuamente al país.
“A todos los que estamos en algún momento bajo el riesgo del secuestro le agradecemos a los miembros del Gaula por su permanente protección”, resaltó.
Recalcó que hace más de 10 años como fundadora de Fundagán -Fundación Colombia Ganadera- inició una cruzada para visibilizar las víctimas ganaderas de la violencia en Colombia y, en efecto, hicimos investigación y recopilamos la historia de más de 10.000 ganaderos víctimas en dos libros denominados ‘Acabar con el Olvido’.
“Reconocemos que existe una disputa entre historia y memoria: La historia tiene fuentes fidedignas pero la memoria tiene una sería incidencia política. No obstante,
Fundagán ha obtenido una creciente reputación a tal punto que fue reconocida como defensora de los derechos humanos de las victimas precisamente por parte de la Defensoría del Pueblo.
El secuestro es regular
“Los ganaderos viven en un entorno de violencia permanente, es una historia que nunca dejaré de contar, no pueden trastear con sus animales y, en la vulnerabilidad del campo abandonado, no solo fueron víctimas de asesinato, secuestro, extorsión y despojo por todos los violentos, sino convertidos en victimarios”, reveló por su parte José Félix Lafaurie Rivera.
Dijo que el sector ganadero ha sido fuertemente golpeado por la violencia, hay secuestrados de manera regular y los productores de este sector económico son afectados por otros delitos como la extorsión, el abigeato e incluso por la invasión ilegal de sus predios.
Resaltó los hechos más recientes como la invasión de dos fincas ganaderas en Córdoba, el asesinato en Arauca de los hermanos Lelis y Hernando Santana y el secuestro de productores en Arauca y Casanare.
Derechos vulnerados
A su vez, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, destacó que el secuestro no se ha detenido y es un delito mediante el cual los grupos armados siguen financiándose con esta actividad.
Explícitamente afirmó que, “los ganaderos es el segmento de la población colombiana que más ha sufrido las violencias de los conflictos del país y, en estos, la vulneración de sus derechos humanos ha sido permanente”.
“Estamos viendo la imposición de varias clases de impuestos de seguridad por parte de los grupos armados ilegales en el bajo Cauca antioqueño y otros departamentos, como la trata de personas, el contrabando, etc. En el departamento del Cauca 8 de cada 10 niños son reclutados a los grupos armados ilegales y la mayoría son niñas de 10 años”, agregó.
Concluyó que “no somos cómplices de un proceso de paz sin condiciones y con reglas claras. Le hemos exigido a los grupos armados ilegales que deben hablarle claro al país. Si no tienen voluntad de acabar con el secuestro, el desplazamiento forzado y los homicidios, no se puede hablar de negociaciones de paz”.
¿A quién se le olvida?
“A quién se le olvida ¿cuántos ganaderos fueron secuestrados y cuántos murieron en cautiverio?”, manifestó Jorge Rodrigo Tovar, representante a la Cámara de Representantes.
“A quien se le olvida las bombas que han puesto los delincuentes en las fincas de los ganaderos y, a quién se le olvida, las innumerables veces que han llegado a fincas de varias regiones a quemar a los animales”, recalcó.
El representante fue el creador de la ley 2343 ‘Plazo de gracia’ que precisamente extendió el plazo para que las personas dedicadas a la actividad ganadera que se consideren víctimas de la violencia se inscriban ante las autoridades y reconozcan esa condición hasta el 29 de diciembre de 2024.
“No podemos permitir que el gremio ganadero no este incluido como víctima de la violencia habiendo sido el de mayor afectación como víctima y, de hecho, han sido considerados equivocadamente como victimarios”, agregó.
20 % ha sido víctima
Según Sandra Alfaro, de la Unidad para las Víctimas, “20 % de la población colombiana ha sido víctima del conflicto armado y son pocos los sectores que denuncian o hablan del tema en el país”.
Informó que la citada entidad ha realizado modificaciones administrativas y que las solicitudes de víctimas las responde en 60 días.
“Hemos realizado 225.345 indemnizaciones a las víctimas, en 2024 van 35.000 y nuestro propósito es finalizar este año con 270.000 personas indemnizadas”, afirmó.
