Los sectores productivos, columna vertebral de la economía del Huila, necesitan respuestas inmediatas y efectivas. Si no se actúa con prontitud, el riesgo no solo será para los productores, sino para la seguridad alimentaria y el desarrollo de la región.
La situación de orden público en el Huila sigue deteriorándose, afectando gravemente a los sectores productivos esenciales como la ganadería, el arroz y el café.
La criminalidad, la extorsión y los problemas estructurales del sector agropecuario han encendido las alarmas, mientras las respuestas gubernamentales resultan insuficientes.
El asesinato del líder comunal y cafetero Nelson Guzmán Saavedra, durante un atraco a plena luz del día en Pitalito, puso de nuevo en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores rurales frente a la delincuencia.
Guzmán Saavedra, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Zanjones, perdió la vida tras un intercambio de disparos con los asaltantes. Aunque logró abatir a uno de ellos, murió horas después debido a sus heridas.
El homicidio de Guzmán Saavedra ha generado indignación en el sector cafetero, que además enfrenta dificultades como los altos costos de producción, el cambio climático y la falta de políticas de apoyo sostenido. Los caficultores, vitales para la economía del Huila, ven cómo la inseguridad añade una carga más a sus ya complejas condiciones de vida y trabajo.
Este trágico suceso no es un caso aislado. Ganaderos, arroceros y caficultores del Huila enfrentan cotidianamente amenazas como el abigeato, el robo y las extorsiones por parte de grupos delincuenciales.
Según líderes gremiales, quienes no pueden pagar las llamadas «vacunas» están condenados al exilio o incluso a la muerte.
Ganaderos en la mira
El abigeato y el robo son problemas recurrentes para los ganaderos, quienes denuncian pérdidas millonarias.
De acuerdo con los datos presentados por el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, durante el Congreso Nacional Ganadero 2024, Colombia ha experimentado cambios significativos en la última década. Hace 10 años, el país tenía 46 millones de habitantes, cifra que hoy asciende a 52 millones. En el mismo periodo, el hato ganadero creció de 22 millones a 30 millones de cabezas de ganado.
Sin embargo, el panorama en el sacrificio formal de animales muestra una tendencia preocupante. Hace una década, Colombia sacrificaba oficialmente 4,1 millones de animales al año. Según el DANE, en 2024 esta cifra descendió a 3,1 millones, es decir, un millón menos.
«A pesar de que el precio de la carne no ha subido este año, lo que indica una oferta abundante, estos datos sugieren que entre 1,5 y 1,8 millones de animales se están sacrificando de manera clandestina», advirtió Lafaurie. Según él, el abigeato sigue afectando gravemente al sector ganadero, en parte debido a la falta de aplicación de las normas relacionadas con los centros de consumo.
Este contexto pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar los controles y combatir las prácticas ilegales que perjudican a los productores y al sector ganadero en general.
En muchos casos, las autoridades locales no logran desmantelar las bandas criminales responsables. A esto se suman las amenazas y extorsiones, que obligan a los productores a operar en un clima de miedo constante.
Arroceros: entre la crisis económica y la extorsión
El sector arrocero vive una doble amenaza. Por un lado, el precio del arroz paddy verde ha caído en más de $35.000 por carga en 2024, una situación que los arroceros atribuyen a prácticas especulativas de la industria molinera.
Esto, sumado al alto costo de los insumos y la ausencia de regulación estatal, amenaza la viabilidad económica del gremio.
Por otro lado, las extorsiones han aumentado en frecuencia e intensidad.
Agricultores denuncian pagos obligados a grupos armados ilegales para trabajar en condiciones mínimas de seguridad. Los que se resisten enfrentan amenazas directas, como lo demostró el ataque armado contra la vivienda de un líder gremial en Campoalegre el pasado septiembre.
Llamado urgente
Pese a la gravedad de la situación, las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes.
El alcalde de Pitalito, Yíder Luna Joven, ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables de los recientes homicidios en el municipio.
Sin embargo, los gremios exigen una estrategia integral que incluya refuerzos en seguridad, apoyo económico y políticas públicas claras para frenar la crisis.
