Ganacor lanza una alerta: gobierno no adelantaría negociaciones libres y voluntarias sino forzadas

El borrador del decreto publicado por el Ministerio de Agricultura tiene vacíos jurídicos relacionados con los derechos a la propiedad. Se otorgan facultades al gobierno nacional que generan desconcierto. Ganaderos de Córdoba encienden las alarmas.

Preocupados se encuentran los ganaderos del departamento de Córdoba por el borrador del decreto publicado por el Ministerio de Agricultura que promueve la organización y movilización campesina.

Señalan que la implementación de las modificaciones y adiciones normativas que plantea generan un retroceso significativo en las garantías constitucionales y pone en riesgo el derecho a la propiedad privada en Colombia.

“… alertando que, con la promulgación de este Decreto, se presentarían una serie de violación de derechos constitucionales y fundamentales, generando un impacto negativo en los productores del campo, y, en consecuencia, una inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad”, manifiestan en una carta enviada a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.

Las conclusiones se dieron luego de una acuciosa mesa de trabajo que promovieron.

“Con el Decreto aquí cuestionado, se estaría retrocediendo a lo planteado a la Ley 160 de 1994 y reglamentado por el Decreto 1071 de 2015, los cuales facultaban a la Agencia Nacional de Tierras a decidir de fondo las actuaciones administrativas agrarias”, se lee en el documento.  

Así mismo, de acuerdo con la Federación Ganadera de Córdoba, con el decreto en mención se estarían usurpando funciones a la nueva ‘Jurisdicción Agraria’.

“Esta fue creada para que jueces especializados en materia agraria, diriman estas controversias suscitadas a partir de la tenencia de la tierra con base en criterios y juicios de proporcionalidad desde una órbita jurídica especializada”.

Otra de las preocupaciones está relacionada con las condiciones o requisitos que se imponen como parte de un proceso legal para la extinción de dominio. Según Ganacor, las condiciones se consideran «exigencias desproporcionadas» porque superan lo que sería razonable o justo en relación con el derecho de una persona a la propiedad privada.

“Se observa que se establece todo un escenario favorable para que las entidades ejecutoras de este Decreto, presionen a los propietarios de predios a negociar parcial o totalmente su heredad”, indica el comunicado.

Es así que los ganaderos encienden las alarmas sobre esta desconcertante situación.

“De acuerdo con lo planteado en esta norma, se enuncia que en el evento de terminación anticipada del procedimiento se pagaría hasta en un 60 % del avalúo comercial del predio. Aquí claramente estamos viendo que la intención del Gobierno Nacional no es adelantar negociaciones libres y voluntarias sino forzadas”, agregan.

También genera incertidumbre, las facultades que se le otorgan a la Agencia Nacional de Tierras para decidir en cuanto a las nuevas causales de extinción de dominio que plantea el proyecto de decreto.