Fran Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), hizo duros cuestionamientos al fallo de tutela que ponen en vilo el desarrollo de tan importante yacimiento, desconociendo todos los estudios y certificaciones que avalan el cumplimiento de todas las normas vigentes.
Hace poco menos de una semana, el juez IV Laboral del Circuito de Santa Marta, Carlos Alberto Villalva del Villar, emitió un fallo de tutela amparando derechos fundamentales del pueblo raizal apostado en el corregimiento de Taganga.
Los miembros del cabildo alegan que no fueron tenidos en cuenta cuando se estructuró el proyecto. Según se informó, la plataforma de exploración del pozo Uchuva II se encuentra 32 kilómetros mar adentro, área donde no está permitida la pesca artesanal.
La providencia ordena expresamente “la suspensión inmediata de todas las actividades relacionadas con el proyecto de exploración y explotación en el Área de Interés de Perforación Exploratoria Tayrona, en el pozo Uchuva 2”.
Adicionalmente, solicita la realización de los procesos de consulta previa con la comunidad raizal liderada por Ariel Daniels, así como también, nuevos estudios de impacto ambiental en la zona de influencia del proyecto.
“Es una decisión arbitraria”
Fran Pearl, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), fue enfático en que el fallo desborda todos los márgenes de acción de la justicia constitucional, toda vez que el proyecto viene ejecutándose acorde a las leyes hace más de dos décadas.
“Estamos hablando de un contrato suscrito hace 20 años, en 2004, donde son socios Ecopetrol y Petrobras. En los años 2006, 2019 y 2023, el Ministerio del Interior certificó que, para este proyecto, no se necesitan consultas previas porque no hay comunidades que estén en zona de influencia del proyecto”, explicó Pearl en entrevista con Noticias Caracol.
Pearl cuestionó que la providencia obviara los estudios e informes que durante dos décadas ha venido presentando el contratista respecto del cumplimiento estricto de las exigencias medio ambientales y la ausencia total de jurisdicción del Cabildo de Taganga en el área mar adentro donde se llevan a cabo las labores de exploración y explotación.
“[…] Ahora hay una pretensión de una comunidad y un juez desconociendo la distancia del proyecto con la costa, dónde se realizan las actividades y desconociendo los análisis anteriores del Ministerio del Interior, que tres veces, en 20 años, ha certificado que no se requieren consultas previas. Los fallos de los jueces tienen que respetar la institucionalidad y, en este caso, eso no está sucediendo”, señaló el dirigente gremial.
El alto ejecutivo precisó que el fallo de tutela podría acelerar los problemas de abastecimiento de gas que actualmente presenta el país y trastocar las reservas que Ecopetrol tenía proyectadas.
Desabastecimiento a la vista
“Es muy posible que el año entrante, en el segundo trimestre, tengamos algo de desabastecimiento al interior del país y este contrato nos daría 18 años más de reservas, con la posibilidad de conectar el gas a la Costa y al interior”, comentó Pearl y a renglón seguido arremetió contra el fallo: “es una decisión arbitraria y este tipo de decisiones están apagando al país. Nosotros no podemos permitir que nos apaguen el país, especialmente, cuando estamos en una situación de riesgo de desabastecimiento para los años que vienen”.
Finalmente, hizo un llamado para que no se apliquen con rigurosidad excesiva las normas del ordenamiento jurídico o que, si se hace, el operador judicial tenga pleno conocimiento de las actuaciones surtidas en el marco de un proyecto como este que lleva más de 20 años en ejecución y nunca ha presentado fallas.
“Se está poniendo en grave riesgo el suministro de gas para Colombia. Este proyecto nos daría la posibilidad de tener una oferta de gas suficiente para abastecer las necesidades que tenemos en Colombia. […] Reitero, los pronunciamientos de los jueces no pueden ir en contra de los estudios y de las evidencias, únicamente, por tener intereses que desconocemos y que les hacen daño a 36 millones de colombianos que consumimos gas todos los días”, puntualizó Fran Pearl.
