Tras la revelación, impulsada por el concejal Daniel F. Briceño, se abrió un debate doble: transparencia institucional y coherencia ética de una figura con amplia solvencia. Juristas recordaron que el artículo 403A del Código Penal sanciona con cárcel a quienes obtienen beneficios ocultando su verdadera capacidad.
La controversia por el subsidio de matrícula que recibió Margarita Rosa de Francisco en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) pasó del rumor a los documentos. El Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá, mediante tutela radicada por Daniel Felipe Briceño, ordenó a la universidad responder un derecho de petición que había permanecido sin contestación.
Con la orden judicial llegaron los datos: programa Filosofía, periodo 2022-1, postulación 2022-1, requisito acreditado estrato (3), valor subsidiado $1.344.000, y un solo periodo financiado (2022-1). Tras conocerse la certificación, Briceño expuso su denuncia en X con una pregunta que apuntó al núcleo del debate social.
“La señora Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada por subsidio en su matrícula en el semestre 2022-1 por supuestamente pertenecer al estrato 3 mientras estudiaba en la Universidad UNAD gracias a la política de gratuidad. ¿@Margaritarosadf usted necesitaba ese subsidio?”, trinó el cabildante adjuntando las pruebas de sus afirmaciones.
Según el expediente judicial divulgado por el cabildante, la UNAD guardó silencio frente al requerimiento inicial; el Ministerio de Educación, a su turno, precisó que la solicitud no había sido radicada ante esa cartera. La respuesta efectiva llegó una vez tramitada la tutela, lo que evidencia una falla en el cumplimiento de los plazos de ley para el acceso a información pública y deja a la universidad bajo un cuestionamiento de opacidad administrativa.
Mientras tanto, la discusión pública se centró en la coherencia ética. La política de gratuidad prioriza a hogares de estratos 1, 2 y 3; formalmente, ‘La Mencha’ cumplía ese criterio. Sin embargo, críticos alegan que su solvencia —respaldada por una trayectoria profesional y por referencias de ingresos históricos ampliamente difundidas— la ubica fuera del grupo objetivo que necesita el apoyo para no abandonar o aplazar estudios.
La percepción de “cupo desplazado” emerge con fuerza: cada subsidio es una oportunidad que puede cambiar la vida de un estudiante sin alternativas. Frente a esto, las reacciones en redes amplificaron esa lectura. Un ejemplo, el mensaje del usuario Alberto Achury: “los que vamos a comenzar a pagar la universidad de los hijos el otro año buscando una beca y echando números para poder pagar un semestre acorde al presupuesto y esta señora acudiendo a beneficios con ingresos de estrato 6. La infamia del progresismo en su máxima expresión”.
En paralelo, surgió el ángulo jurídico sancionatorio, ya que, el Código Penal tipifica como delito las acciones presuntamente desplegadas por la famosa actriz y presentadora para acceder al subsidio educativo en cuestión. Concretamente, el artículo 403 A señala que quien “obtenga una subvención, ayuda o subsidio (…) mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cinco a nueve años, multa de 200 a 1.000 salarios mínimos e inhabilidad de seis a doce años”.
La referencia pone la discusión en otro ámbito en el que Margarita Rosa de Francisco y quienes avalaron su subsidio podrían verse avocados a revisiones en el ámbito disciplinario y penal, como viene ocurriendo en el caso de la tristemente célebre Juliana Guerrero.
Este nuevo caso revela los graves vacíos de focalización en los programas de subvención estatal y el manejo político que se le da a los mismos, sin importar el espectro ideológico de quien los entrega y recibe, además, revela el uso del estrato como llave de elegibilidad que permite gratuidad a perfiles solventes.
Finalmente, como insiste el concejal Briceño, persiste un contraste incómodo entre discurso y práctica, en el entendido de que Margarita Rosa de Francisco ha defendido públicamente la crítica a los privilegios y la necesidad de corregir inequidades, y al aceptar un subsidio que no requería tensiona esa narrativa y erosiona la confianza en programas que buscan cerrar brechas.
