El ente acusador señala que los exministros de Hacienda e Interior habrían participado en un esquema para asegurar mayorías en el Congreso mediante la entrega de cupos indicativos a través de proyectos de la UNGRD e Invías. Ambos rechazaron los cargos y niegan cualquier responsabilidad.
La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento domiciliaria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, dentro del proceso penal que investiga el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Según el ente acusador, la conducta atribuida a los exministros representa un riesgo para la sociedad y para el avance de la investigación, pues podrían manipular pruebas o influir en testigos que ya colaboran con la justicia.
Durante la audiencia, la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, sostuvo que ambos exfuncionarios hicieron parte de un acuerdo con fines ilícitos destinado a asegurar mayorías en el Congreso durante 2023 para tramitar iniciativas clave del Gobierno, entre ellas las reformas a la salud y a las pensiones.
De acuerdo con la investigación, los exministros habrían ofrecido cupos indicativos representados en proyectos, contratos y convenios administrados por la UNGRD e Invías.
La Fiscalía sostiene que el esquema habría comprometido 74 proyectos de Invías por un valor superior a 571.000 millones de pesos y cinco proyectos de la UNGRD por más de 40.000 millones. Aunque el plan contemplaba más de 600.000 millones de pesos en ejecución, solo siete convenios llegaron a concretarse antes de que estallara el escándalo y se revelaran las maniobras de direccionamiento.
La magistrada Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, avaló la imputación de cargos hecha por la Fiscalía al considerar que la exposición de los hechos fue clara y cumplió con los requisitos legales. Con ello, se formalizó la acusación por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Tanto Bonilla como Velasco rechazaron de manera categórica los señalamientos. Bonilla afirmó que no aceptaba los cargos y defendió su trayectoria pública, mientras que Velasco criticó la validez de los testimonios que sustentan la acusación y aseguró que no tiene ningún acuerdo ni beneficio que negociar con la Fiscalía. Ambos pidieron que el proceso avance con garantías y que se contrasten las versiones entregadas por testigos colaboradores.
La decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento quedará ahora en manos del tribunal, que deberá evaluar si las razones expuestas por el ente investigador justifican la restricción de libertad para los exministros mientras avanza el proceso judicial.
