De acuerdo con el ente acusador, el actual gobernador del Magdalena habría incurrido en varios delitos contra la administración pública que ocasionaron cuantiosas pérdidas al Distrito de Santa Marta. También imputará a los exgobernadores Luis Miguel y Rosa Cotes por irregularidades en la Vía de la Prosperidad.
Casi al mismo tiempo que Carlos Caicedo Omar, gobernador del Magdalena y un sinfín de contratistas de ese ente territorial y la Alcaldía de Santa Marta publicaban en sus redes sociales un comunicado celebrando la preclusión de un proceso por el asesinato de dos profesores y un alumno de la Universidad del Magdalena cuando éste era rector, la Fiscalía General de la Nación hacía lo mismo, pero anunciando que solicitará en su contra una medida de aseguramiento por la presunta comisión de varios delitos contra la administración pública.
Según el extenso comunicado de prensa publicado por la Fiscalía General de la Nación, Carlos Caicedo Omar, Luis Miguel y Rosa Cotes serían los responsables de la suscripción de al menos cinco contratos donde hubo un detrimento para las arcas del Estado estimado en 74.789 millones de pesos, los cuales serán muy difíciles o imposibles recuperar. Esta investigación ha sido denominada por el grupo especial de investigadores que la adelanta como: ‘Robo de Magdalena’.
Los líos de Caicedo
En el caso del gobernador Caicedo Omar, la Fiscalía dice tener elementos materiales probatorios suficientes para imputarle los delitos de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, Falsedad ideológica en documento público y Peculado por apropiación en favor de terceros, por hechos derivados de la suscripción de tres contratos en los que las obras están inconclusas, inutilizadas y con evidentes sobrecostos.
La primera imputación que le hará la Fiscalía General de la Nación al actual Gobernador del Magdalena se desprende del contrato para construcción de una Megabiblioteca y un jardín infantil en predios del Colegio Normal Superior para Varones. Aquí, además de superar por casi siete veces el tiempo inicial pactado, se habrían hecho millonarias adiciones presupuestales que a ojos de los fiscales que adelantaron la investigación son irregulares.
En esta primera obra de infraestructura, el grupo especial de investigaciones del ente acusador encontró, según el comunicado de prensa: “posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra del 30 de diciembre de 2014, que contempló la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino”.
A renglón seguido el documento de cuatro páginas explica sobre el particular que “en la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años.”
La segunda imputación se dará por cuenta de la celebración de un contrato para la construcción de dos centros de desarrollo infantil que debieron ser entregados en el mes de agosto de 2015 y a fecha de hoy, casi ocho años después de haberse iniciado, no han sido terminados, con el agravante de que el contrato tampoco ha sido liquidado a pesar de que las obras fueron suspendidas en 2018.
“El 1 de abril de 2015, fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos”, se lee en uno de los apartes el boletín de prensa.
Señala también la Fiscalía sobre este caso que, adicional al detrimento al erario por casi 1.000 millones de pesos, “el contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022”.
Finalmente, la última de las imputaciones está relacionada con la construcción del Coliseo de Gaira, obra que desde su inauguración ha presentado innumerables problemas por la mala calidad de los materiales utilizados, razón por la cual hoy presenta un avanzado estado de deterioro.
En este caso concreto, el grupo de fiscales designados para este proceso “identificó presuntas inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato suscrito el 28 de octubre de 2015, por valor de 2.682 millones de pesos, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fue detectado un posible peculado de 690 millones de pesos, materializado en sobrecostos. Asimismo, se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado en condiciones adecuadas, se encontraría en deterioro e inutilización”.
Pedirán casa por cárcel y separación del cargo
Off the record, varias fuentes de la Fiscalía aseguraron que no se citó al gobernador Carlos Caicedo a interrogatorio porque las evidencias y el material probatorio existentes eran abundantes y conducentes para pedir directamente la imputación en el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos anteriormente mencionados, a saber: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.
Así quedó plasmado en uno de los apartes del comunicado de prensa en comento: “Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia encontraron mérito suficiente para presentar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al exalcalde de Santa Marta y actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, para que responda a las solicitudes de audiencias de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, por tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se acerca a los 1.670 millones de pesos”.
Además, sostiene la Fiscalía que “la medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido de que el indiciado es gobernador actual y, por tanto, jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público”.
Por su parte, Ingrid Aguirre Juvinao, actual representante a la Cámara por el Magdalena; Rafael Martínez, Vocero del partido Fuerza Ciudadana y Carmen Patricia Caicedo, hermana del Gobernador, dijeron en una rueda de prensa este lunes por la tarde, que los anuncios hechos por la Fiscalía General de la Nación no tienen fundamentos y serían otro plan macabro orquestado por Francisco Barbosa y Gabriel Jaimes para sacarlo del juego político.
“Calificamos este boletín y estas acusaciones como otro ‘falso positivo’ de la Fiscalía, como otros 100 casos donde a Carlos Caicedo le han abierto investigaciones promovidas por los clanes del Magdalena. Entre otras cosas, los denunciantes de estos procesos, adivinen quiénes son: los señores Díazgranados y el señor Rugeles cuando vino en su momento, son los denunciantes en estos casos que la Fiscalía saca en el comunicado. Solicitamos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que es el juez de control de garantías, precisamente, que brinde garantías al Gobernador cuando se presente a atender estas imputaciones”, dijo Rafael Martínez.
El discurso de los otros dos participantes en la rueda de prensa estuvo orientado básicamente hacia lo mismo: tratando de deslegitimar la labor investigativa de la Fiscalía y poniendo en tela de juicio la recta administración de justicia de los magistrados que conforman la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Se espera que el Gobernador del Magdalena hable sobre el particular hoy martes 14 de febrero en el marco de las marchas que él mismo ha convocado en apoyo a la Reforma al Sistema de Salud.
También serán imputados El Mello y Rosa Cotes
Junto con Caicedo, también están vinculados en el denominado ‘Robo de Magdalena’ los exgobernadores Luis Miguel Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga, personajes que de acuerdo al material probatorio recaudado por la Fiscalía habrían ocasionado pérdidas al erario por un monto cercano a los 73.109 millones de pesos.
De acuerdo con los investigadores que adelantan el proceso, en la estructuración del proyecto conocido como Vía de la Prosperidad se habrían omitido algunas reglas que rigen la actividad contractual del Estado que a la postre ocasionaron las cuantiosas pérdidas.
“El 4 de octubre de 2013, Luis Miguel Cotes, en su condición de gobernador, suscribió un contrato para el mejoramiento de la vía Palermo – Sitionuevo – Remolino – Guáimaro (Magdalena), por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto”, explica el comunicado.
También se dice en documento, que en los años 2017 y 2019 Rosa Cotes de Zúñiga, sucesora de Luis Miguel Cotes en la Gobernación del Magdalena le hizo varias adiciones presupuestales a ese contrato, generando el detrimento que motiva la imputación de los delitos de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y Peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas.
“Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos. Finalmente, está acreditado que la denominada ‘Vía de la Prosperidad’ pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de apenas 18 kilómetros. Es decir, se ejecutó el 34% de lo planeado”, se lee en uno de los apartes.
Los problemas para Rosa Cotes de Zúñiga no paran ahí, pues, también tiene abierta una línea de investigación por presuntas irregularidades en la suscripción de varios contratos para actualizar los estándares de contabilidad de la Gobernación.
Cotes de Zúñiga, según la Fiscalía, “tramitó y celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que el trámite contractual se hizo de manera directa y sin concurso de méritos. También se constató que la empresa contratada se habría apartado del objeto definido y se limitó a realizar una consultoría”.
Finalmente, indican que en este caso concreto la exgobernadora será imputada por el delito de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Hasta el cierre de esta edición ni Luis Miguel ni Rosa Cotes se habían pronunciado sobre este asunto.
Puede leer el comunicado de la Fiscalía General de la Nación sobre el caso “Robo de Magdalena” en este enlace: https://bit.ly/3RXsSse
