El ente acusador presentó cargos contra José Facundo Castillo Cisneros por presuntas faltas en el proceso de adjudicación y la ejecución de una doble calzada en la capital del departamento. La investigación señala un perjuicio económico superior a $2.800 millones de debido a incrementos injustificados y deficiencias en la contratación.
A través de un boletín de prensa, la Fiscalía dio a conocer que imputó formalmente al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en un contrato público destinado a la construcción de una vía doble calzada en la glorieta del Coleo, en la ciudad de Arauca.
La diligencia judicial se llevó a cabo ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, donde se presentaron los cargos relacionados con su gestión durante el primer periodo en el que ejerció como mandatario del departamento de Arauca.
En el marco de esta investigación, a cargo de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, se determinó que el proceso de licitación careció de estudios previos que justificaran la necesidad y conveniencia del proyecto, lo que limitó la participación de oferentes y favoreció la presentación de un único consorcio.
Esta situación, desde la perspectiva del ente acusador, generó cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad del procedimiento contractual. Posteriormente, se autorizó una adición presupuestal para subsanar las omisiones en la etapa precontractual, elevando el valor total del contrato a más de 20.700 millones de pesos.
Según la Fiscalía, esta maniobra contribuyó a un detrimento patrimonial cercano a los 2.816 millones de pesos, recursos que habrían sido apropiados indebidamente por el contratista.
Los cargos imputados a Castillo Cisneros incluyen contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. El exgobernador rechazó las acusaciones y se declaró inocente de los hechos que se le atribuyen.
Finalmente, desde la Fiscalía señalaron que el proceso continúa abierto u sus investigadores siguen recabando pruebas para esclarecer el alcance de las irregularidades y determinar las responsabilidades.
