El ente acusador llevará ante un juez al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, dentro del proceso que investiga posibles fallas en el esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La Fiscalía General de la Nación anunció que formulará imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, en el marco de la investigación relacionada con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.
La decisión fue adoptada por un fiscal de la Seccional Bogotá adscrito a la unidad de Administración Pública, quien solicitó audiencia de imputación al considerar que existen elementos suficientes para vincular al funcionario por el presunto delito de prevaricato por omisión.
De acuerdo con la Fiscalía, el material probatorio recaudado indica que Rodríguez Ballesteros no habría atendido de manera adecuada las solicitudes elevadas para reforzar y ajustar el esquema de protección del entonces senador y aspirante presidencial, pese a las advertencias sobre el nivel de riesgo que enfrentaba.
La diligencia judicial fue inicialmente programada para el próximo 11 de febrero, conforme al reparto de audiencias realizado por la judicatura.
El proceso se originó tras una denuncia penal presentada por la familia de Miguel Uribe Turbay pocos días después del crimen. Su apoderado, Víctor Mosquera, señaló que el precandidato habría realizado al menos 23 requerimientos formales a la UNP solicitando mejoras en su seguridad, sin que, según afirmó, se obtuviera una respuesta efectiva por parte de la entidad.
Mosquera también sostuvo que, aunque en 2023 la UNP clasificó a Uribe Turbay como una persona con riesgo extraordinario, no se habrían actualizado las medidas de protección cuando este asumió formalmente su condición de precandidato presidencial del Centro Democrático, lo que implicaba un mayor nivel de exposición.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ya había confirmado previamente la apertura de la indagación y las labores de policía judicial para establecer si existieron fallas o negligencias en el esquema de protección asignado al dirigente político.
En caso de que Augusto Rodríguez Ballesteros sea hallado culpable, el delito de prevaricato por omisión contempla penas de hasta siete años y medio de prisión, además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos que podría superar los seis años y una multa que puede llegar a 75 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
