El exministro de Relaciones Exteriores enfrentará una imputación por prevaricato por acción, derivada de su decisión de declarar desierta la licitación de pasaportes en 2023, pese a que la firma Thomas Greg & Sons había obtenido la mayor calificación. El caso ya le costó una sanción disciplinaria de 10 años.
La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción, al considerar que habría actuado en contra de la ley cuando decidió anular la licitación para la producción de pasaportes en 2023, un contrato valorado en cerca de $600.000 millones.
Según el ente acusador, durante ese proceso licitatorio Leyva habría expedido actos administrativos presuntamente contrarios al ordenamiento jurídico. La investigación se centra en la decisión tomada a mediados de septiembre de 2023, cuando el entonces canciller declaró desierta la licitación, pese a que la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons, contratista vigente y la empresa mejor puntuada, cumplía con todos los requisitos para obtener la adjudicación.
Tras la anulación del proceso y el fracaso de una tentativa de conciliación, Thomas Greg & Sons interpuso una demanda contra el Estado por $117.000 millones. Paralelamente, por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación sancionó a Leyva con una suspensión e inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos, en una decisión disciplinaria que generó amplio debate.
La audiencia de imputación se llevará a cabo en la fecha que establezca el Tribunal Superior de Bogotá, luego de que la Fiscalía radicara formalmente la solicitud.
