Los detenidos deberán responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una red criminal vinculada al Tren de Aragua que operaba en Bogotá y Chía (Cundinamarca), y que estaría detrás de homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes en estas zonas.
Cuatro presuntos integrantes de la estructura delictiva fueron judicializados, entre ellos uno de los señalados como principales articuladores.
Ante un juez de control de garantías, el ente acusador presentó elementos materiales probatorios contra Jhonmario de Jesús Chourio Salas, José Miguel Navas Amaro, Viviana Suárez Villanueva y Miguel Ángel Martínez Pinzón.
Según la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, estas personas serían responsables de violentas disputas por el control de rentas ilícitas en la región.
La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Durante el proceso, se expuso que, en coordinación con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, se estableció que los acusados promovían actividades de narcomenudeo y cobraban extorsiones, enfrentándose a otros grupos delincuenciales para mantener el dominio territorial.
Las indagaciones señalan que Jhonmario de Jesús Chourio Salas, de nacionalidad venezolana, sería uno de los cabecillas de la red, encargado de definir las zonas de distribución de drogas y los objetivos de las extorsiones dirigidas a comerciantes, transportadores y trabajadores informales.
Además, estaría vinculado a varios homicidios, incluido uno ocurrido el pasado 7 de enero en Duitama (Boyacá), donde un joven fue asesinado en vía pública por supuestamente pertenecer a otra organización criminal.
Por su parte, Viviana Suárez Villanueva habría estado a cargo del almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas, así como del manejo de los recursos financieros derivados de estas actividades. José Miguel Navas Amaro y Miguel Ángel Martínez Pinzón, en tanto, cumplirían roles de vigilancia, transporte de armas y coordinación de zonas de microtráfico.
Los cuatro procesados no aceptaron los cargos formulados y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.
