El ente de control advirtió que esta situación no solo reduce la eficiencia fiscal, sino que retrasa proyectos estratégicos en vivienda, salud e infraestructura, generando un doble costo para el Estado y afectando el impacto del gasto público social.
La Contraloría General de la República encendió una nueva alarma sobre la forma en que el Estado está ejecutando parte de sus recursos, al advertir que la fiducia —concebida como un instrumento para agilizar y transparentar el gasto— se ha convertido en un factor que está ralentizando la inversión pública y postergando proyectos esenciales.
De acuerdo con el estudio, a diciembre de 2024 permanecían sin ejecución $4,84 billones de un total de $13,48 billonesadministrados mediante 787 negocios fiduciarios, lo que equivale a más de un tercio de los recursos analizados. Para el órgano de control, esta proporción refleja un problema estructural. “Estos mecanismos fueron creados para promover la eficiencia y la transparencia, pero una parte considerable de los recursos públicos permanece inmovilizada”, advirtió la Contraloría.
El impacto de esta inejecución, señaló el ente fiscal, va mucho más allá de una cifra contable. “Cada peso inmovilizado es un proyecto de vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura que se aplaza”, indicó el informe, al subrayar que el rezago en la ejecución afecta de manera directa el Gasto Público Social y, con ello, la calidad de vida de los ciudadanos.
Desde el punto de vista fiscal, la Contraloría explicó que la inmovilización genera un doble costo para el Estado. Por un lado, un costo económico asociado al costo de oportunidad, ya que “el rendimiento real de los fondos inmovilizados en portafolios de baja rentabilidad es muy inferior al valor público que generarían si se ejecutaran oportunamente”. Por otro, un costo social derivado del retraso en la entrega de bienes y servicios, que además incrementa el riesgo de mayores demoras y sobrecostos en el futuro.
El informe también permitió identificar sectores críticos. En una muestra de negocios fiduciarios por $390.265 millones, el Ministerio de Vivienda concentró $165.255 millones sin ejecutar, seguido por los ministerios de Comercio y Salud. La Contraloría advirtió que el rezago en estos frentes resulta especialmente sensible por su peso en las metas sociales del Estado.
En cuanto a la administración de los recursos, el estudio evidenció una alta concentración en pocas fiduciarias. “Scotiabank Colpatria, Fiduciaria La Previsora y Fiduciaria Popular concentran una parte significativa de los recursos inmovilizados”, señaló el ente de control, al insistir en la necesidad de revisar los esquemas contractuales y de seguimiento.
Finalmente, la Contraloría concluyó que la inmovilización responde a deficiencias contractuales, procesos administrativos ineficientes y falta de ejecución oportuna, y anunció que iniciará las actuaciones fiscales correspondientes, en un contexto en el que la fiducia, lejos de acelerar el gasto, está operando como un cuello de botella para la inversión pública.
