El gremio de los comerciantes insiste en la necesidad de implementar políticas que realmente impulsen la modernización del parque automotor, sin afectar la competitividad ni generar nuevos obstáculos para los empresarios del país.
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, expresó su preocupación frente a la intención del Gobierno Nacional de restablecer el esquema de chatarrización 1 a 1 para vehículos de carga, uno de los compromisos asumidos en el marco del pasado paro camionero.
Según Cabal, esta medida no solo es inviable, sino que podría agravar las dificultades económicas y de competitividad del sector automotor y del país en general.
“Este esquema de reposición vehicular es nefasto y costoso para el país; generaría un gran impacto en la libre competencia de vehículos de carga y va en contravía de los esfuerzos por modernizar el parque automotor colombiano y contar con una flota más segura y limpia en términos de emisiones ambientales”, afirmó el líder gremial.
El esquema, que ya se implementó anteriormente en Colombia, fue señalado en su momento por casos de malos manejos, corrupción, falsificación de matrículas y reportes fraudulentos de pérdida de vehículos.
Según Fenalco, volver a esta práctica provocaría una caída de al menos el 35% en el mercado de vehículos de carga, afectando tanto a importadores como a pequeños y medianos empresarios.
Además, el proyecto de decreto que respalda esta iniciativa obligaría al pago de un 5% sobre el valor de los vehículos, lo que complicaría aún más la situación económica para los actores del sector.
“El alza de precios, impulsada por la escasez de unidades para chatarrización, generaría costos adicionales significativos para las empresas de transporte, especialmente las pequeñas y medianas, que podrían no tener los recursos para cumplir con esta medida”, explicó Cabal.
El vocero de los comerciantes también recordó que esta política contradice los principios de libre comercio establecidos en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Cabal hizo un llamado al Gobierno a evitar la improvisación en la toma de decisiones que afectan al sector productivo.
“El Gobierno no puede seguir actuando de manera improvisada, desconociendo la seguridad jurídica que requieren los empresarios, importadores, inversionistas y comerciantes. Cualquier modificación de las normas de esta industria debe garantizar una planeación adecuada, considerando que la cadena de suministro realiza pedidos con mínimo 6 a 12 meses de anticipación”, concluyó.
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