El gremio recordó que el taponamiento total o parcial de vías rurales o urbanas es un delito estipulado en el Artículo 353 A del Código Penal Colombiano y atenta contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medioambiente y el derecho al trabajo.
Indicó que estos hechos delictuosos violan derechos legítimos elementales de los demás ciudadanos y afectan de manera grave la economía de la región suroccidental, del país y las relaciones internacionales de Colombia.
Fedegán recordó que el taponamiento total o parcial de vías rurales o urbanas es un delito estipulado en el Artículo 353 A del Código Penal Colombiano, y atenta contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el derecho al trabajo, y quienes lo cometan deben ser castigados ejemplarmente.
Que las autoridades actúen
Además, apremió a las autoridades nacionales, regionales y locales para que sancionen a los autores de este delito y proteger los derechos del resto de ciudadanos que no están involucrados en las protestas que ejecutan estos hechos ilegales.
“Son inmedibles los perjuicios económicos y sociales que genera este mecanismo ilegal de protesta en la región y el país, que se ha convertido en sistemático y se ha extendido a otras regiones de la nación”, indicó el gremio.
FEDEGAN se solidarizó con las víctimas de esta situación y solicitó a los gobiernos locales, regionales y nacional, aplicar todos los preceptos legales establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para evitar que esta práctica inaceptable e ilegal siga extendiéndose.
