El gremio asegurador cuestionó el Decreto 0173 de 2026, que fija una tasa diferencial del 1,6% para el sector financiero. Señala que la medida desconoce la función social del seguro y se impone en medio de la atención a la emergencia invernal. En 2025, la industria pagó $27,6 billones en reclamaciones.
El sector asegurador expresó su rechazo total al Decreto 0173 de 2026, mediante el cual el Gobierno estableció una nueva tasa de impuesto al patrimonio del 0,5% para personas jurídicas y del 1,6% para empresas del sector financiero, medida que impacta directamente a las compañías de seguros.
Fasecolda calificó la decisión como “antitécnica, regresiva y confiscatoria”, al considerar que desconoce las particularidades de la industria aseguradora y su papel en la economía. El gremio advirtió que esta nueva carga tributaria se suma a la sobretasa vigente del 5% en el impuesto de renta y a intentos anteriores de elevarla hasta el 15% en el marco de emergencias pasadas.
El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, sostuvo que resulta “lamentable y sorprendente” que en medio de la actual ola invernal —que afecta a varios departamentos del país— se imponga una sobrecarga fiscal adicional a un sector que está contribuyendo activamente a mitigar el impacto de la emergencia.
“El sector asegurador ha apoyado al Gobierno en la gestión de la emergencia y está atendiendo de manera ágil las reclamaciones en ramos como vida, salud, agropecuario y seguros de propiedad. Es desacertado imponer una nueva carga tributaria en este contexto”, señaló el dirigente.
En cifras
Según cifras del gremio, en 2025 la industria aseguradora pagó $27,6 billones en reclamaciones a sus asegurados, recursos que, aseguran, reducen la presión fiscal del Estado en momentos críticos. Sin embargo, las utilidades del sector registraron una caída del 20% durante ese mismo año.
Fasecolda también advirtió que la tasa efectiva de tributación de los seguros generales se acerca actualmente al 40%, una de las más altas del mundo y superior a los estándares de la OCDE.
Para el gremio, aplicar tarifas diferenciadas bajo el criterio de que todo el sector financiero debe ser tratado de la misma manera constituye una simplificación “injustificada y anticitécnica”, pues las utilidades, rendimientos y estructura patrimonial de las aseguradoras difieren sustancialmente de otros subsectores financieros.
“El seguro cumple una función social esencial y las decisiones tributarias deben reconocerlo”, reiteró Morales, al insistir en que medidas de este tipo desincentivan la inversión, el empleo y la productividad en un sector intensivo en capital y clave para la gestión de riesgos en el país.
