Extinción de dominio a bienes vinculados con la corrupción estatal en cinco ciudades

La Policía Nacional y la Fiscalía ocuparon 21 inmuebles, vehículos y sociedades comerciales que aparecía a nombre de exfuncionarios acusados de desviar recursos mediante contratos irregulares, avaluados en más de $22.500 millones y, ubicados en Bogotá, Cali, Jamundí, Buenaventura y Duitama

En un nuevo golpe contra la corrupción, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó la medida de extinción de dominio sobre 21 bienes vinculados a exfuncionarios públicos de Buenaventura y Popayán. Según la investigación, los implicados habrían utilizado sus cargos directivos para desviar recursos públicos mediante contratos que no cumplían con los requisitos legales.

El operativo se adelantó en cinco ciudades: Bogotá, Cali, Jamundí, Buenaventura y Duitama, donde fueron ocupados cinco apartamentos, seis parqueaderos, dos lotes, un depósito, dos vehículos, dos establecimientos de comercio y tres sociedades comerciales. El avalúo total asciende a $22.500 millones.

De acuerdo con el director de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, la acción busca enviar un mensaje claro frente al uso indebido de los recursos del Estado y reforzar la lucha contra la corrupción administrativa. “La extinción de dominio es una herramienta que permite golpear las estructuras patrimoniales construidas sobre actos ilegales”, precisó.

La Fiscalía explicó que las maniobras de los exfuncionarios incluían la firma de contratos sin el lleno de requisitos, con lo cual se desviaron recursos hacia bienes e inversiones personales. Con la ocupación, los activos pasarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración y eventual destinación social.

Finalmente, las autoridades insistieron en que este tipo de operaciones forman parte de una política integral de transparencia y rendición de cuentas, destinada a recuperar la confianza ciudadana y garantizar que los bienes adquiridos con dineros ilícitos no regresen a manos de particulares.