Andrés Barreto aseguró que desde su oficina se enviaron alertas desde mediados del año pasado, pero ni la Supertransporte ni el Ministerio de Transporte tomaron cartas en el asunto para contener la situación que se vive por la crisis de algunas aerolíneas de bajo costo.
Lo que parecía ser solo el incumplimiento de algunas formalidades legales y las fallas en los itinerarios de vuelo, derivó en un problema de marca mayor que le jugó una mala pasada al transporte aéreo colombiano, al punto que el presidente Petro tuvo que habilitar algunas aeronaves de la Fuerza Aérea para llevar a los pasajeros a su destino, sin contar con los cientos de miles de ciudadanos que no hallan a quién reclamarle por la venta de tiquetes que hicieran algunas aerolíneas que han anunciado el cese de operaciones.
Desde principios de este año, incluso mucho más atrás, el país viene presentando serios problemas con el transporte aéreo, de hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en cabeza de Andrés Barreto había alertado sobre lo que podría suceder si el Gobierno Nacional no activaba oportunamente las entidades competentes y emprendía acciones encaminadas a solucionar los inconvenientes a futuro.
“La Superintendencia Industria de Comercio (SIC) ya había advertido, a partir de otras situaciones en el mercado aéreo, que era menester vigilar. Lo más grave es que el Ministerio de Transporte, sabiendo estas situaciones, no se haya percatado de que la situación iba a afectar a esas aerolíneas de bajo costo por varios temas. Entre ellos están el cambio en el IVA de los tiquetes aéreos, el incremento de los precios del combustible, y la variación de la tasa de cambio que afecta todas sus deudas, incluidas las del alquiler de los aviones, ya que están en dólares”, dijo Barreto tras su llegada al país.
Decisiones negligentes y tardías
En este caso concreto, aseguró el exsuperintendente y actual director general de la firma De la Espriella Lawyers, que por cuenta de todo lo que ha sucedido con esas empresas, las actuaciones ejecutadas por entidades con competencia para intervenir en estos asuntos han sido más bien negligentes y tardías, dejando entrever falta de sinergia y colaboración.
“Empezar a tirarse la responsabilidad entre las entidades lo único que hace es llevarnos a la conclusión de que hay una total descoordinación en el Ejecutivo y una total ausencia de previsión de las entidades. No sabemos en qué está la Superintendencia de Transporte, no la vimos tampoco en Semana Santa haciendo ningún tipo de operativos o acompañamiento”, comentó Andrés Barreto.
Ante los anuncios que se han hecho desde el Gobierno Nacional en torno a la categorización penal de lo sucedido y la orientación del asunto por esa vía, Barreto asegura que la actuación más expedita y efectiva es la administrativa, porque tiene repercusiones económicas y duraría menos tiempo.
“Tienen que abrirles una investigación administrativa por haber incumplido los contratos de transporte, haber vendido tiquetes sin tener la posibilidad de cumplir y por haber fallado en la prestación del servicio. Esa es una investigación administrativa que derivará en unas multas. Eso es lo más rápido que se puede hacer, más rápido que el proceso penal”, explicó el nuevo director general del bufete de abogados De la Espriella Lawyers.
Se querían saltar a la SIC
En cuanto a la polémica por el proceso de integración entre Avianca y Viva Air en el que se han denunciado una serie de irregularidades, el jurista asegura que trató desde la SIC hacerle seguimiento y control, pero no encontró en las empresas disposición para cumplir con lo establecido en la ley en lo ateniente a este tipo de movimientos.
“Todas las operaciones de integración empresarial tienen que pasar por la SIC. En agosto del 2022, ya habíamos previsto esta situación. Nos parecía que Avianca y Viva habían tratado de saltarse a la SIC, llevando su operación a la Aerocivil. En su momento, nos llamó la atención de que posiblemente se estaban integrando y compartiendo temas operativos. Los requerimos y, simplemente, lo que hicieron fue evitarnos a toda costa”, aseguró Barreto en conversación con la Revista Semana.
Sobre el particular, comentó que todas las empresas y en especial una como Avianca que abarca casi la mitad del mercado del transporte aéreo nacional, está en la obligación de entregar a la SIC toda la información que ésta solicite en torno a las figuras jurídicas o modificaciones que quieran implementar, pues, es apenas obvio que afectan en menor o mayor medida a sus competidores como está sucediendo en este momento.
Finalmente, fue enfático en que la problemática que se vive actualmente fue originada por las muchas falencias de las entidades del Estado encargadas de hacerle frente a estos temas y controlar las acciones de todas las empresas del sector.
“Ha fallado en todos los niveles. Primero se demoraron en que no hubo director de Aerocivil sino hasta hace poco. No se coordinaron tampoco con la SIC las averiguaciones y las alertas, y la Supertransporte debió haber indagado en esas aerolíneas. Hay una gran descoordinación interinstitucional. Hubo ausencia de autoridades en diferentes carteras y, ante la actitud arrogante de Avianca y Viva, vemos una total ausencia de previsión por parte del Gobierno”, concluyó Andrés Barreto.
