El defensor del Pueblo se sumó a las voces en contra del proyecto de decreto que promueve la movilización campesina y la invasión de tierras.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado de urgencia al gobierno nacional para que revise la legalidad del proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura que promueve la organización y movilización campesina y que introduce nuevamente la figura de la ‘expropiación exprés’.
Tal como lo han hecho varios sectores, el funcionario se sumó a las voces que ven esta propuesta como una legalización por vía administrativa de invasiones a predios y manifestó que incurre en una clara vulneración de derechos de quienes han adquirido sus bienes y los explotan de conformidad con la normativa vigente.
“Desde la discusión del Plan Nacional de Desarrollo hemos advertido la intención por parte del Gobierno Nacional de introducir lo que se denominó ‘expropiación exprés’, y fue desestimada por el Congreso. Ahora, el Ministerio de Agricultura, mediante este proyecto de decreto reglamentario, revive un tema cuya inconveniencia ya fue definida por el poder Legislativo al determinar que se vulneraban derechos. Es por esto que hoy pedimos mesura y apego a la legalidad”, aseguró Carlos Camargo Assis.
Exceso de poder
El señor Camargo Assis también advirtió que este proyecto de decreto que reglamenta la denominada ‘expropiación exprés’, excedería las facultades atribuidas al poder Ejecutivo y en particular, las otorgadas para la expedición del acto administrativo que se pretende implementar.
“La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado la forma como deben ejercerse las facultades reglamentarias atribuidas al poder Ejecutivo y sus límites. La jurisprudencia de las altas cortes destaca el carácter complementario de las facultades del poder Ejecutivo, sin que esto suponga una licencia o extensión legislativa de esas facultades para la reglamentación de leyes, y ha señalado la reserva legal que existe en materia de regulación de procedimientos administrativos sancionatorios”, indicó.
Vicios de ilegalidad
El defensor del Pueblo manifestó que, si bien las regulaciones de este decreto se relacionan con adoptar mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria, como también los procedimientos para la negociación directa y compra de la tierra, esto se desdibuja en el proyecto cuando se da a entender una ausencia importante de fundamentos legales, pues para definir estas regulaciones no solo es determinante lo dispuesto por el Plan de Desarrollo vigente, sino también los aspectos constitucionales, los contenidos en el Acuerdo de Paz y los desarrollos legislativos, que son el marco regulatorio y normativo.
Otro de los puntos que motiva a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse sobre la legalidad de este proyecto de decreto es el relacionado con el reajuste de la figura y el procedimiento administrativo de extinción de dominio, así como la inclusión de la figura de enajenación voluntaria por la no explotación y las alternativas de explotación.
“Si bien el decreto parece tener la intención de adaptar estas figuras y procedimientos a la aplicación de categorías relativas a la responsabilidad ambiental sobre la tierra y su explotación, la propuesta debe fundamentarse en regulaciones legales existentes sobre el tema”.
Contra la Constitución
El defensor aseguró que este decreto podría ser declarado inexequible e inconstitucional al incurrir en la ‘prohibición de deslegalización’ de temas con reserva de ley, como está estipulado en su jurisprudencia, y podría ser declarado nulo, previa suspensión de sus efectos, sin perjuicio de los demás controles que las otras instancias judiciales competentes tienen la posibilidad de ejercer.
“Quiero reiterar la importancia de atender estas observaciones para que se revise si este decreto sería o no legal a la luz de las afectaciones que podría ocasionar a los derechos de quienes han adquirido sus bienes y los explotan de conformidad con la normativa vigente”.
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