A través de una carta conjunta, 28 exjefes de Estado miembros de los grupos IDEA y Libertad y Democracia expresaron su preocupación por la reciente condena judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, alegando múltiples irregularidades en el proceso y solicitando la actuación urgente de organismos internacionales de derechos humanos.
En un pronunciamiento conjunto, 28 expresidentes de Iberoamérica elevaron una solicitud formal a instancias internacionales como la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando su intervención ante lo que califican como un proceso judicial viciado contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, recientemente condenado a doce años de prisión domiciliaria en primera instancia.
Los firmantes pertenecen al Grupo IDEA y al Grupo Libertad y Democracia, plataformas de defensa del Estado de derecho y los valores democráticos en la región.
En la misiva dirigida al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la relatora especial sobre la independencia judicial, el secretario general de la OEA y los comisionados de la CIDH, los exmandatarios afirman que el caso de Uribe representa una grave afectación a principios fundamentales del derecho internacional, como el debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad judicial.
Piden, por tanto, el monitoreo del caso, la emisión de recomendaciones urgentes, la adopción de medidas de protección y la solicitud formal al Estado colombiano de información detallada sobre los estándares procesales aplicados.
Según los expresidentes, el proceso contra Uribe comenzó en 2012 cuando él mismo interpuso una denuncia por manipulación de testigos.
Sin embargo, la denuncia fue desestimada seis años después y en su lugar se abrió una investigación penal en su contra.
Desde entonces, aseguran, el proceso ha estado plagado de irregularidades. Mencionan como hechos especialmente graves la interceptación de más de 21.000 registros de comunicaciones privadas sin orden judicial, las filtraciones selectivas a medios de piezas procesales sujetas a reserva, y el uso de testimonios que califican de “no confiables”, entre ellos el del principal testigo, Juan Guillermo Monsalve, condenado por secuestro durante el mandato del propio Uribe.
Los firmantes también denuncian que la Fiscalía General de la Nación, que en dos ocasiones solicitó la preclusión del caso por falta de pruebas, cambió de postura tras un relevo en su dirección, coincidiendo con el actual gobierno del cual Uribe es opositor.
Así mismo, critican que la reciente condena fue dictada a pesar de que la Procuraduría General de la Nación pidió su absolución, con base en la inexistencia de pruebas contundentes y la debilidad estructural del caso legal.
En su carta, los expresidentes subrayan que Álvaro Uribe ha comparecido ante todas las instancias judiciales y ha mantenido su voluntad de colaborar con la justicia, pese a lo que consideran un proceso marcado por violaciones al derecho a la defensa, a la honra, a la privacidad y a la imparcialidad.
Aseguran que este fallo no solo compromete sus derechos individuales, sino que puede constituir un precedente negativo para el sistema democrático y judicial de Colombia.
Además, reiteran que su solicitud no busca interferir con la justicia nacional, sino alertar sobre la gravedad del caso ante los organismos encargados de velar por el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Piden que se le dé la atención prioritaria que merece, en un contexto donde, según ellos, se ha puesto en riesgo la integridad del Estado de derecho.
