Reconocidos tratadistas como Jaime Santofimio advierten sobre el daño antijurídico estatal por desprotección de actores políticos, mientras surgen revelaciones sobre 20 solicitudes ignoradas de reforzamiento del esquema de seguridad del congresista antes del ataque.
El atentado contra el congresista Miguel Uribe Turbay ha reavivado el debate sobre la responsabilidad del Estado colombiano en la protección de actores políticos, especialmente tras conocerse que su esquema de seguridad había sido reducido pese a múltiples solicitudes de reforzamiento.
Según fuentes cercanas al caso, durante los meses previos al ataque, se presentaron al menos 20 cartas formales ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) solicitando el fortalecimiento de las medidas de seguridad del parlamentario, peticiones que aparentemente no recibieron la atención debida por parte de la entidad.
El reconocido constitucionalista Jaime Santofimio Gamboa ha calificado la situación como un claro ejemplo de «daño antijurídico» por parte del Estado, argumentando que existe una «ausencia, omisión e inacción manifiesta de un Estado indolente que no protege a sus actores políticos».
Para el experto, el caso de Uribe Turbay se inscribe en una lamentable tradición de desprotección estatal que incluye los asesinatos de figuras como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla y los candidatos de la Unión Patriótica. «El Estado está en el deber positivo funcional de proteger la vida e integridad de los candidatos de todas las filiaciones políticas», enfatiza Santofimio.
En ese sentido, el jurista recuerda que el Consejo de Estado ha establecido precedentes contundentes en casos similares, condenando al Estado por la configuración de daño antijurídico en asesinatos políticos como los de Jaime Pardo Leal, Manuel Cepeda, Faisal Mustafá y Enrique Low Murtra, entre otros.
«Tratándose de una persona que desarrollaba actividad política, cabía la probabilidad de materializarse la amenaza como consecuencia de su actividad, lo que plantea que el Estado debía cumplir con su deber positivo de proteger», cita Santofimio de la jurisprudencia del alto tribunal.
La reducción del esquema de seguridad de Uribe Turbay, documentada en las 20 comunicaciones dirigidas a la UNP, podría configurar lo que Santofimio denomina «abandono manifiesto y total de protección», constituyendo un daño antijurídico bajo los parámetros del artículo 90 constitucional y el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011.
Este caso nuevamente expone las fallas estructurales del sistema de protección estatal y plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos institucionales para garantizar la seguridad de quienes ejercen actividad política en Colombia.
