Carlos Javier Soler, coronel en retiro y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, alertó sobre la falta de inteligencia y de herramientas no letales para enfrentar a comunidades instrumentalizadas por grupos armados.
El coronel en retiro Carlos Javier Soler, quien dirigió la oficina de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Ministerio de Defensa, analizó la reciente retención de militares en el Cauca y explicó por qué los uniformados no reaccionan ante las asonadas de la población civil.
Según el oficial retirado, los protocolos de Derechos Humanos y DIH establecen que la fuerza solo puede emplearse como último recurso, lo que impide a los soldados responder violentamente cuando son rodeados por campesinos o manifestantes armados con palos o piedras.
“El uniforme no da licencia para atacar a la gente. Solo se actúa si hay un riesgo directo de muerte contra la tropa o la población que deben proteger”, precisó en una entrevista a Caracol Radio.
Soler recordó que este fenómeno se ha agudizado en los últimos 15 años en regiones con fuerte presencia de cultivos ilícitos, minería ilegal y disputas entre estructuras armadas.
Citó territorios como Tumaco, el Bajo Cauca antioqueño, el río Atrato y Arauca, donde la población civil es usada como escudo por los grupos ilegales para frenar las operaciones militares.
El coronel retirado también cuestionó la debilidad de la inteligencia militar y la desaparición de unidades especializadas para controlar disturbios dentro del Ejército.
“Antes existía preparación y equipos disuasivos. Se entrenaba a los soldados con elementos como palos o granadas aturdidoras para manejar multitudes sin violar derechos humanos. Hoy esas capacidades prácticamente no existen”, señaló.
De igual forma, criticó la falta de decisiones claras desde el alto gobierno y la inacción de la Fiscalía frente a más de 200 denuncias contra cabecillas de estas estructuras, las cuales, según él, cuentan con pruebas contundentes.
“Cada semana se anuncia que no se permitirá la instrumentalización de comunidades, pero en la práctica sigue ocurriendo”, advirtió.
Soler insistió en que los soldados tienen la obligación de acatar órdenes y no pueden actuar por iniciativa propia frente a los civiles, aun cuando estos los agredan.
Como salida, propuso recuperar las unidades de control de asonadas y dotar a la tropa con herramientas no letales que permitan mantener la seguridad sin vulnerar los derechos fundamentales.
