Advirtieron que decisiones erráticas del Gobierno y fallas en el cálculo de la UPC han profundizado la crisis financiera del sistema, aumentando barreras de acceso, desabastecimiento y riesgos para los usuarios.
Ungrupo de 19 exministros y exviceministros de Salud de Colombia hizo pública una fuerte advertencia sobre el estado del sistema de salud, al señalar que el año 2026 inicia con una desfinanciación más profunda, decisiones administrativas sin sustento técnico y un deterioro acelerado en la atención a pacientes y usuarios.
El pronunciamiento, contenido en un comunicado de cuatro páginas titulado “Sistema de salud inicia 2026 más desfinanciado, con decisiones erráticas que agravan los riesgos para pacientes y usuarios”, expone una crisis estructural del modelo de aseguramiento, marcada por la insuficiencia de recursos, el incumplimiento de órdenes judiciales y el aumento de la incertidumbre para millones de afiliados.
Según los firmantes, el presupuesto asignado para 2026 resulta claramente insuficiente, debido a fallas en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado reconoce por cada afiliado. Aseguran que el uso de información incompleta, la evasión de la metodología actuarial vigente y la falta de ajustes oportunos han generado un déficit acumulado que asfixia financieramente a EPS e IPS, afectando directamente la prestación de servicios.
El documento también cuestiona las decisiones administrativas adoptadas por el Ministerio de Salud, las cuales —afirman— han concentrado la deuda y el riesgo financiero, sin corregir las causas estructurales de la crisis. Como consecuencia, se han incrementado las barreras de acceso a citas, cirugías y tratamientos, persisten problemas de desabastecimiento de medicamentos y se ha generado una creciente inseguridad jurídica que dificulta la planeación de los prestadores.
Los exfuncionarios advierten que el impacto más grave recae sobre los usuarios y pacientes, evidenciado en el aumento histórico de quejas, peticiones y acciones de tutela a comienzos de 2026. Señalan que esta situación se traduce en mayor sufrimiento, angustia y, en los casos más críticos, en pérdida de vidas por falta de atención oportuna.
El comunicado recuerda que la Corte Constitucional, mediante autos proferidos en 2024 y 2025, ha reiterado que el sistema enfrenta un problema estructural de desfinanciación directamente relacionado con la UPC y ha advertido el incumplimiento reiterado de órdenes judiciales orientadas a garantizar la suficiencia financiera y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud.
A estas alertas se suman los pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, que han coincidido en señalar la fragilidad financiera del sistema, el deterioro del acceso a los servicios y la ineficacia de las intervenciones administrativas adelantadas, las cuales no han corregido las causas de fondo y han debilitado la capacidad operativa de EPS e IPS.
El documento también advierte que decisiones fiscales recientes, como el aumento del salario mínimo para 2026 sin una incorporación técnica en la UPC, generarán un sobrecosto cercano a los 4,5 billones de pesos, profundizando la insuficiencia financiera tanto del régimen contributivo como del subsidiado.
Los exministros y exviceministros hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para reajustar de manera inmediata el financiamiento del sistema, cesar lo que califican como una “estrategia de agotamiento” contra los actores del sector y priorizar la atención del paciente por encima de consideraciones ideológicas.
