Hace varios días, un grupo de 82 firmantes de paz del espacio territorial de Miravalle, en Caquetá, tuvo que salir debido a la acción bélica de las FARC.
La Procuraduría hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que adopte medidas efectivas que garanticen la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes fueron desplazados del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en San Vicente del Caguán, Caquetá, debido a amenazas por parte de grupos armados ilegales como las FARC.
En una comunicación dirigida a Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, el Ministerio Público expresó su preocupación por la situación alarmante que se vive en Miravalle. Según la delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, es imperativo que se pongan en marcha las disposiciones contempladas en el Plan Estratégico de Seguridad y Protección diseñado para proteger a esta población vulnerable.
«La situación presentada en Miravalle denota la urgencia de implementar y cumplir de manera efectiva las medidas de seguridad previstas en el Acuerdo de Paz», enfatizó el ente de control en su comunicado. Además, solicitó evaluar la convocatoria de miembros de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), con el propósito de movilizar una respuesta institucional integral frente a estos acontecimientos.
El llamado de la Procuraduría fue reiterado durante la más reciente Mesa Técnica de Seguridad y Protección, en la cual participaron importantes autoridades como el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño; el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y la propia directora Gloria Cuartas. Esta reunión buscó abordar de manera coordinada y efectiva la situación de riesgo que enfrentan los excombatientes y líderes comunitarios en Miravalle.
La comunidad internacional y la sociedad civil han expresado su preocupación por la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes han apostado por la reconciliación y la construcción de paz en un contexto aún marcado por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales.
El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Miravalle, como muchos otros en el país, representa un símbolo tangible del compromiso del Estado colombiano con la paz y la reintegración de excombatientes. Sin embargo, la reciente escalada de amenazas pone en riesgo los avances logrados y resalta la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección y seguridad para los pobladores de estas zonas.
La Procuraduría instó al gobierno a actuar con prontitud y determinación para evitar que situaciones como estas pongan en peligro la vida y la integridad de quienes han optado por dejar las armas y contribuir a la construcción de un país en paz.
