La Fiscalía sostiene que el bien pertenecía al municipio de Calarcá y no al departamento, lo que habría generado un daño patrimonial y posibles delitos contra la administración pública.
Una decisión política tomada en 2007 por la entonces gobernadora del Quindío, Amparo Arbeláez Escalante, volvió al centro del debate judicial. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia la acusó formalmente por presuntas irregularidades en la cesión de un predio público a una entidad privada, hecho que dejó un millonario detrimento fiscal.
El caso gira en torno a un terreno de 19.527 metros cuadrados, situado en la vía Calarcá–Ibagué, que fue entregado sin contraprestación a la Asociación Abrazar mediante un contrato de cesión firmado en diciembre de 2007. El lote, cuya transferencia fue autorizada por una ordenanza departamental, incluía también el estadio Guillermo Jaramillo Palacio, un bien de uso público que, según la Fiscalía, nunca fue avalado para ser donado.
En su acusación, el ente investigador asegura que el terreno no pertenecía al departamento sino al municipio de Calarcá, por lo que la entonces gobernadora habría actuado sin competencia legal. La entrega fue oficializada en la escritura pública y registrada el 4 de enero de 2008.
La asociación habría usado el estadio como si fuera propio hasta que una orden judicial obligó su restitución en abril de 2022. Para la Fiscalía, este episodio revela un uso indebido de bienes públicos y posibles maniobras para inducir en error a la Oficina de Instrumentos Públicos, con documentos que no cumplían los requisitos formales ni los estudios de conveniencia.
Finalmente, es importante anotar que, Amparo Arbeláez deberá responder ahora por los delitos de peculado por apropiación agravado, prevaricato por acción, contrato sin requisitos legales y fraude procesal, en un proceso que pondrá a prueba la legalidad de las decisiones administrativas que involucran bienes del Estado.
