Efrén Palacios Serna fue declarado culpable por los delitos de peculado, contratación irregular y falsedad documental en un caso que involucra 2.200 millones de pesos que debían financiar medicamentos para pacientes con enfermedades huérfanas y catastróficas.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Efrén Palacios Serna, exgobernador del Chocó, a 22 años de prisión por orquestar un esquema fraudulento que desvió recursos críticos del sistema de salud departamental.
El exmandatario también tendrá que pagar una multa de $1.270 millones e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo período de la condena. Este hecho, representa uno de los casos más graves de corrupción administrativa en la historia reciente del departamento.
Según la investigación judicial, Palacios Serna fue una ficha determinante en la firma de contratos por $2.200 millones en 2013, destinados oficialmente al suministro de medicamentos para población vulnerable. Sin embargo, estos acuerdos fueron diseñados con el único propósito de apropiarse de recursos asignados para atender necesidades sanitarias urgentes.
«Se trató de la fraudulenta celebración de contratos de suministro de medicamentos de alto costo destinados a la población más vulnerable del departamento», señala la sentencia, destacando que las acciones del exgobernador privaron a «sectores más necesitados de la posibilidad de acceder a medicamentos para sus enfermedades huérfanas o catastróficas».
La Corte fue particularmente severa al evaluar el impacto de estos delitos en una región históricamente desatendida como el Chocó, subrayando que el exmandatario «afectó sensiblemente el erario departamental, de suyo necesitado siempre de mayores recursos».
Este fallo deja en evidencia no solo el desfalco económico sino también la ‘traición’ a la confianza pública, señalando que las acciones del exgobernador dejaron «en la sociedad la sensación de desprotección frente a sus autoridades cuando el servidor público dirige su comportamiento a beneficiarios de intereses privados y no los colectivos».
Finalmente, aunque fue privado de la libertad, muchas personas en el territorio reclaman que se le haya concedido la medida de prisión domiciliaria.
